La sanidad rural está atravesando, desde hace mucho, una crisis profunda y prolongada. La falta de médicos y especialistas no solo pone en riesgo la salud de miles de ciudadanos, sino que también evidencia un sistema de asignación de plazas que perpetúa desigualdades y desincentiva el compromiso con las zonas más vulnerables.

Esta situación no es exclusiva de Aragón. A nivel nacional, se estima que en 2025 se jubilarán 12.163 facultativos, mientras que solo 9.940 nuevos médicos se incorporarán al sistema, generando un déficit de 2.223 profesionales.

En Aragón, se prevé entre 2024 y 2027 la jubilación de 299 médicos de familia y 28 pediatras, más del 20% del total de estos especialistas en la comunidad. A pesar de los esfuerzos por retener talento, como el plan de fidelización que ofrecía un plus económico de 10.000 euros anuales y contratos de tres años, la mayoría de los médicos residentes formados en Aragón optan por marcharse a otras comunidades que ofrecen mejores condiciones laborales y de conciliación familiar.

Al Hospital de Alcañiz le faltan 16 médicos de 10 especialidades y, en paralelo, los servicios de medicina de familia en los municipios más pequeños se ven cada vez más comprometidos, ya que muchos profesionales optan por especializarse y ejercer en grandes ciudades.

Esta tendencia responde, en parte, a los incentivos económicos y profesionales que reciben los especialistas, pero también a las aspiraciones que se generan durante la formación universitaria. Se sigue fomentando una visión hospitalocentrista que relega la atención primaria a un segundo plano. Esta visión limita la atracción hacia la medicina de familia, esencial en el ámbito rural.

Los incentivos económicos, por sí solos, no están resultando suficientes para retener y atraer médicos al medio rural. La mayoría de los médicos continúa esperando plazas en grandes hospitales urbanos, donde las condiciones laborales y personales resultan más atractivas.

Las ciudades ofrecen una mayor variedad de servicios, mejor conciliación familiar, acceso a centros educativos, comercios, transporte y una oferta cultural y de ocio mucho más amplia, factores con los que los pueblos tenemos difícil competir.

Ante esta situación, se hace imprescindible replantear de forma urgente el actual sistema de asignación de plazas médicas. Hoy en día, un médico puede rechazar una plaza ofertada en una zona rural y mantenerse igualmente en su posición dentro de las listas de contratación, a la espera de que surja una vacante en una ciudad como Zaragoza.

Este mecanismo no solo perpetúa el desequilibrio en la distribución del personal sanitario, sino que también desincentiva activamente la cobertura de plazas en territorios históricamente olvidados, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios y, con ello, la propia permanencia de estos en el territorio.

Desde mi opinión, sería necesaria una reforma del sistema para hacerlo similar al modelo ya vigente en el ámbito educativo. En el caso de los docentes, cuando se rechaza un destino adjudicado, el aspirante pasa automáticamente al final de la lista.

Aplicar este mismo principio a las listas de médicos y especialistas no es una penalización, sino una medida de equidad y responsabilidad social. De este modo, se fomentaría la aceptación de destinos menos demandados y se introduciría un criterio de justicia territorial en el acceso a un recurso tan vital como la sanidad pública.

Trabajar en el medio rural no debe ser visto como un castigo o una etapa a evitar, sino como una parte esencial de la salud pública.

La salud es un derecho universal y su garantía no puede depender del código postal.

Daniel Sancho. Graduado en Ciencia Política y Administración Pública