La eliminación de las aulas de conciliación por la tarde y la implantación del copago en las de madrugadores puede enfocarse de dos maneras: culpar al Gobierno de España por modificar el sistema de financiación, o al Gobierno de Aragón por ejecutar los recortes y aplicar tasas. Lo injusto es quedarse solo con la primera opción, cuando la realidad es que quien toma la decisión de eliminar un servicio muy demandado es el Ejecutivo autonómico, liderado por Jorge Azcón. Y lo hace porque es su competencia.
El Gobierno central mantiene su compromiso de financiar el 75% del Plan Corresponsables, un programa diseñado para facilitar la conciliación, que ha demostrado ser eficaz. Desde el curso 2023-2024, comunicó a todas las comunidades autónomas que debían asumir el 25% restante, en línea con el reparto competencial. El Gobierno de Aragón, como los demás gobiernos autonómicos, estaba informado y tenía tiempo para prepararse.
Sin embargo, el Gobierno de Azcón decidió no asumir su parte: ni un solo euro se iba a destinar a mantener ese 25%. En lugar de asumir su responsabilidad, trasladaba el coste a las familias. Lo que algunos presentan como un recorte del Gobierno de España, no es más que una dejación de funciones por parte del Ejecutivo autonómico, que, a pesar de contar con «el mayor presupuesto de la historia» y recibir más fondos del Estado que nunca, prefería cargar sobre los hogares el peso de un servicio esencial.
Pero el recorte no se limita al 25% que deja de aportar la DGA. La eliminación total de las aulas de tarde supone perder la mitad del servicio. Si a eso le sumamos el copago en las aulas de madrugadores, el tijeretazo supera con creces el 75%. Las familias pagarían dos veces: con dinero y con incertidumbre.
Finalmente, después de la presión popular, rectifican. Aunque el discurso oficial no se corresponde con la realidad. El Gobierno de Aragón asegura que el servicio se recupera al 100%, pero las aulas de tarde siguen cerradas. Estas eran esenciales para la conciliación en muchos hogares y limitarse a bonificar los madrugadores es claramente insuficiente. Hablar de recuperación sin restituir el servicio completo es un ejercicio de propaganda que ignora las verdaderas necesidades de las familias.
El impacto es especialmente grave en el medio rural, donde la conciliación ya es más difícil que en las ciudades. En pueblos pequeños, con menos alumnado y mayores costes por desplazamientos y personal, el modelo de copago que proponía el Gobierno de Azcón penalizaba aún más a las familias. Un ejemplo claro: el colegio agrupado Olea —con centros en Aguaviva, Castellote, Foz Calanda, Cuevas de Cañart, Bordón y La Ginebrosa— afrontaría una factura de más de 9.000 euros para apenas 44 alumnos. Una desigualdad flagrante que condena a los pueblos a pagar mucho más por un derecho que debería ser universal.
Además, los equipos directivos debían encargarse de calcular costes, comunicarlos a las familias y gestionar el descontento, desviándose de su labor principal: lo académico y organizativo. Incluso se les insinuó la posibilidad de usar remanentes presupuestarios, restando recursos a otras necesidades educativas.
Desde el PSOE de Teruel mantenemos una posición clara: la conciliación no puede ser moneda de cambio ni campo de experimentación de políticas regresivas. Exigimos la restitución inmediata de la totalidad del Plan Corresponsables, de forma gratuita. Que el Gobierno de Aragón explique qué hace con el dinero que recibe y deje de usar el enfrentamiento con el Gobierno central como escudo para justificar su inacción.
La conciliación es un derecho, especialmente en el medio rural, y no puede depender de decisiones políticas que olvidan a quienes más lo necesitan.
María Ariño. PSOE / Mas de las Matas

