El reciente incremento de la dotación del Fondo de Inversiones de Teruel, que ha pasado de 60 a 73 millones de euros, debería haber supuesto una gran oportunidad para reforzar el desarrollo de toda la provincia. Sin embargo, la realidad demuestra que ese aumento se ha destinado íntegramente a una nueva línea de ayudas denominada "Lanza Teruel", dirigida exclusivamente a proyectos empresariales de gran envergadura, ya que exigen una inversión mínima de cinco millones de euros.

¿Responde esta decisión a las necesidades reales de nuestra provincia? Difícilmente puede decirse que sí cuando el tejido productivo turolense está conformado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Apostar todos los recursos adicionales por una convocatoria inaccesible para la inmensa mayoría de las empresas evidencia, como mínimo, un preocupante desconocimiento de la realidad económica del territorio. O, peor aún, la prevalencia de otras cuestiones alejadas del interés general.

Esta orientación resulta todavía más difícil de justificar cuando se compara con los recortes sufridos por otras líneas de actuación mucho más pegadas al territorio. Las ayudas destinadas a centros de servicios sociales, como residencias o centros de día, han pasado de dos millones a apenas uno. Las inversiones en infraestructuras municipales también se han reducido, de 7,5 a 5 millones de euros. A ello se suma un retraso difícilmente comprensible, ya que esta última convocatoria ni siquiera se publicó el año pasado, de modo que siguen pendientes tanto las correspondientes al FITE de 2024 como las de 2025.

Y, mientras tanto, el fondo sigue sin afrontar uno de los principales desafíos que condicionan el futuro de la provincia, como es la falta de vivienda de alquiler. De poco sirve atraer inversiones o generar empleo si quienes quieren vivir y trabajar en Teruel no encuentran un hogar donde establecerse. Resulta difícil entender que un instrumento concebido para impulsar el desarrollo territorial permanezca ajeno a un problema que se ha convertido en un freno para fijar población, atraer nuevos vecinos y, por tanto, facilitar el crecimiento de las empresas.

Pero el problema es aún más profundo. Año tras año, el FITE continúa financiando inversiones ordinarias del Gobierno de Aragón, muchas de ellas concentradas en la capital provincial. Esta práctica, convertida ya en una anomalía crónica, desvirtúa el espíritu con el que fue concebido este fondo de carácter extraordinario, compensar las dificultades estructurales de una provincia que sufre despoblación, dispersión territorial y falta de oportunidades.

La verdadera razón de ser del FITE pasa por impulsar el conjunto de la provincia, fortalecer a quienes sostienen su economía y atender los problemas que hoy condicionan su desarrollo. Recuperar ese espíritu no es solo una cuestión de coherencia, es una obligación con quienes viven, trabajan y emprenden en su territorio.

Aitor Clemente. Ganar / Aguaviva