Tendemos a pensar que los datos son la máxima expresión de la objetividad. Creemos que las cifras hablan por sí solas, que un porcentaje o una estadística son hechos puros, ajenos a la interpretación. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja: los mismos números pueden sostener discursos completamente opuestos, dependiendo de quién los utilice y con qué intención.

Tomemos el caso de la criminalidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 el 72,2% de los delitos registrados en España fueron cometidos por españoles y el 27,8% por extranjeros. A primera vista, podría parecer un argumento para restar importancia a la participación de los inmigrantes: la mayoría de los delitos los cometen nacionales. Pero basta con mirar el contexto para que el relato cambie. Los extranjeros representan solo en torno al 13% de la población. Si cometen casi el 28% de los delitos, su tasa delictiva proporcionalmente es más alta. Con la misma estadística, un titular puede proclamar «La mayoría de los delitos los cometen españoles» o «Los extranjeros delinquen el doble de lo que les correspondería por población». Ambos titulares son ciertos, pero cada uno sirve a una narrativa diferente.

Algo parecido ocurre con la okupación. Datos de La Sexta Noticias señalan que en España hay unas 15.289 denuncias de okupación frente a un parque de 20,9 millones de viviendas. A simple vista, la conclusión es que el problema es mínimo: una incidencia ínfima, apenas un 0,07 %. Sin embargo, pensar que por ser pocos casos no hay motivo de darle importancia al asunto sería tan simplista como afirmar que, porque el año pasado hubo 60 mujeres asesinadas por violencia de género entre más de 25 millones de mujeres, no debemos preocuparnos. Nadie en su sano juicio aceptaría ese argumento. La gravedad de un delito no depende solo de su frecuencia, sino de su impacto y de la sensación de impunidad que genera.

Y con esto no quiero decir que no haya que pasar por alto la violencia de género ni mucho menos, al contrario. Este es un problema muy grave con el que habría que acabar de raíz y de la forma más tajante posible.

El problema con la okupación, así como con la violencia de género y otra clase de delitos, no importa únicamente cuántos casos hay, sino qué ocurre después. El verdadero problema no es solo la cifra, sino la percepción de que las leyes son lentas o ineficaces. Pensemos en un asesinato: si se conociera al autor y, aun así, pasaran quince meses antes de que el sistema actuara, la indignación sería enorme. Con la okupación, muchas personas sienten algo parecido: aunque el número total de viviendas afectadas sea «bajo», la idea de que un propietario puede tardar más de un año en recuperar su casa provoca una alarma social.

Estos ejemplos muestran que los datos no hablan solos; necesitan contexto, comparación y, sobre todo, reflexión en el análisis. Quien busque reforzar un prejuicio siempre encontrará una cifra que lo respalde. Quien quiera minimizar un problema, también. Por eso, más que repetir números, deberíamos preguntarnos qué cuentan, qué callan y qué realidad social hay detrás.

Los datos son herramientas, no conclusiones. Sirven para iluminar e instruir los debates, pero no sustituyen la reflexión. El desafío consiste en usarlos para comprender y entender, no para manipular. Solo así evitaremos que las estadísticas se conviertan en armas arrojadizas, aunque muchos prefieran asentir y no pensar.

Daniel Sancho. Graduado en Ciencia Política y Administración Pública