Las familias aragonesas, en toda su diversidad, son un pilar fundamental para garantizar el futuro de nuestra sociedad y del propio Estado de Bienestar. Por ello, resulta clave que, desde los poderes públicos, se impulsen políticas que protejan, acompañen e impulsen a las familias en todos los ámbitos en los que desarrollan sus vidas.

Sin embargo, los últimos datos publicados por el INE no invitan al optimismo. El año 2023 presentó la cifra más baja de nacimientos tanto en España como en nuestra Comunidad desde que existen registros. Asimismo, según la última Encuesta de Fecundidad realizada por el INE en 2018, los principales motivos que impiden a las mujeres aragonesas tener más hijos de los deseados son razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral.

Pese a este desplome de la natalidad, España es uno de los países que menos invierte en las familias, cuatro puntos porcentuales menos de PIB en gasto social total respecto a la media de los países de la Unión Europea, y un punto menos específicamente en protección a la familia y la infancia. Esta infrafinanciación histórica en políticas específicas para las familias ha llevado a la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea a hacer reiteradas recomendaciones a nuestro país sobre la necesidad de adoptar medidas de protección de las familias de nuestro país.

Estas recomendaciones llevaron al Gobierno de España a incluir, entre los compromisos adquiridos para recibir fondos europeos, la aprobación de una nueva Ley de protección de las familias. Una Ley que debería haber sido aprobada en la legislatura pasada y que sigue durmiendo el sueño de los justos.
Ante la inacción del Gobierno de España, el Partido Popular ha presentado esta semana en el Congreso de los Diputados una Ley de Conciliación, que ha puesto encima de la mesa una batería de propuestas dirigidas a que las familias puedan tener los hijos que desean, permitiendo conciliar la vida personal, familiar y laboral.

Entre las medidas más importantes que se incluyen en esta Ley, destaca el compromiso para implantar la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años) en toda España cofinanciado al 50% entre el Estado y las Comunidades autónomas. El Gobierno de Aragón ya está trabajando en esta línea mediante la creación de una mesa de trabajo.

integrada por representantes de las administraciones locales, asociaciones de familias, patronales y sindicatos con el objetivo de analizar los distintos modelos que se han implantado en otras Comunidades Autónomas y determinar cuál se ajusta más a la realidad de Aragón.

Una iniciativa que se suma a la línea de ayudas aprobada por la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón para la creación de casas de infancia en el medio rural aragonés. Esta línea de ayudas, dotada con 1.324.602,08 euros, está dirigida a aquellos municipios en los que, preferentemente, no exista ningún recurso de atención continuada a la infancia para niños de entre 0 a 3 años y quieran poner en marcha este servicio. Un servicio con el que se pretende dar respuesta a las necesidades de conciliación que las familias tienen también en el medio rural, donde se da una mayor escasez de equipamientos y servicios públicos, al tiempo que se contribuirá con la creación de empleo local, especialmente femenino, en pequeñas localidades.

Todo ello demuestra que el único partido que ha puesto a las familias y la conciliación en el centro de las políticas públicas en nuestro país y en Aragón es el Partido Popular.

Silvia Casas. Diputada del PP en las Cortes de Aragón