Los asesores políticos son considerados personal eventual de la administración pública. No toman decisiones, de eso se encargan los políticos, sino que su papel es aconsejar, diagnosticar, planificar y ayudar a conseguir objetivos, a construir una estrategia que sea verdaderamente eficaz y eficiente para llegar a la ciudadanía de la mejor manera posible y cumplir esos objetivos marcados, siempre desde una perspectiva profesional y totalmente objetiva, evitando la toma de decisiones basadas en impulsos emocionales o ideológicos. La idea es que un asesor cuente con una idea objetiva de la realidad y que escape de una visión del mundo coloreada por una ideología determinada. Podríamos reducir el cometido del asesor a uno: ser el consejero y el bastón de apoyo del cargo político.

Un asesor político profesional debe ser un experto en su campo, llenando los vacíos de conocimiento que los políticos puedan tener en determinadas áreas. Su labor incluye mantenerse informado sobre actualidad política, económica y social, además de que se dedicará exclusivamente a su función de asesor, lo que les permite realizar investigaciones exhaustivas y proporcionar datos sólidos para desarrollar cualquier medida con precisión.

Los asesores ayudan a los líderes a comunicar mensajes de manera clara y concisa al público y también a planificar cómo afrontar situaciones delicadas o controvertidas. Además, Los asesores políticos realizan investigaciones exhaustivas sobre temas relevantes y emergentes, permitiendo a los políticos tomar decisiones basadas en datos y evidencia, en lugar de intuiciones o suposiciones.

Es importante recordar que, a pesar de sus ventajas, el sistema de asesoramiento no está exento de problemas. Estos puestos son distribuidos a dedo, sin concurso público o examen de nivel, ni tampoco una comprobación de capacidades o ratificación de experiencia. En ocasiones vemos ejemplos, como en la diputación de Málaga, donde hay listas de asesores de flamenco, de toros o de las cosas más peregrinas que uno pudiese imaginar, y de los cuales en su mayoría resultan ser familiares de los políticos al cargo o mantienen algún vínculo de confianza.

El sueldo medio de un asesor político es de 3.794,42€ al mes, sin contar dietas, transporte, subías de salario y trienios. Los datos que reflejan las propias webs institucionales no son nada claros con el número de asesores que componen los gabinetes, ni tampoco se trata como tal a directores técnicos o consultores externos a las propias instituciones, por lo que resulta muy difícil hacerse a la idea de cuantos asesores políticos puede haber ahora mismo en España. No obstante, sí que es evidente que muchos de estos puestos son, cuanto menos, prescindibles, pues en muchas ocasiones no se trata de profesionales de la política o expertos en alguna materia, sino que son favores políticos o personales.

No deberíamos considerar asesor a ningún familiar o amigo que esté ahí para reafirmar lo que el político opine, o a una persona que está puesta por su cercanía al partido y que simplemente se encarga de llevar las redes sociales o de escoger el color de la corbata para el siguiente mitin. Eso es un gran gasto inútil para todos los ciudadanos en favor de unos pocos enchufados que se aprovechan de sus relaciones personales.

Por otra parte, debemos entender que un político no sabe todo de todo. Los asesores profesionales no solo complementan las habilidades de los políticos, sino que también enriquecen el proceso de toma de decisiones al proporcionar análisis expertos, perspectivas especializadas y alternativas informadas. La colaboración entre políticos y asesores es un componente esencial de una gobernanza efectiva y adaptativa en un mundo en constante evolución, siempre y cuando se atiendan a criterios profesionales y de selección a través de meritocracia y no por enchufismo.

Daniel Sancho. Graduado en Ciencia Política y Administración Pública