El atentado perpetrado por ETA el 11 de diciembre de 1987 en Zaragoza constituye una de las páginas más negras de la historia de España. La explosión de más de 250 kilos de explosivos junto a la Casa Cuartel de la Guardia Civil causó once muertos, entre ellos cinco niños, 88 heridos y dejó una profunda huella en la sociedad. Hablar hoy de ese atentado no es un ejercicio retórico ni una apelación abstracta al pasado. Es recordar que, detrás de cada cifra, hay vidas truncadas, proyectos interrumpidos y familias que se han visto obligadas a convivir con el dolor de un ser arrebatado durante décadas.

Fue un acto de violencia extrema, con víctimas y responsables. Responsables que ni siquiera han respondido todavía por sus atroces crímenes ante un tribunal, como es el caso de su autor intelectual, el sanguinario Josu Ternera.

El recurso al victimismo por parte del terrorista Josu Ternera no es aleatorio. Es una estrategia que busca desplazar el foco, generar confusión y, en última instancia, erosionar la claridad moral que debe exigir cualquier sociedad democrática frente al terrorismo.

El victimismo, cuando se usa en este sentido, no solo distorsiona la realidad, sino que es una ofensa hacia quienes sufrieron las consecuencias directas de esa violencia. Y conviene decirlo sin rodeos: no hay similitud posible entre quien pone la bomba y quien pierde a su hijo.

La extradición del terrorista, para que sea juzgado por sus crímenes, no es una cuestión de revancha sino de cumplimiento de la ley y de respeto a las víctimas. Para muchas familias afectadas representa algo más que un procedimiento judicial, es la posibilidad de cerrar, en parte, décadas de espera y sufrimiento. Cada retraso, cada obstáculo, cada ambigüedad envía un mensaje demoledor a las víctimas: que su sufrimiento puede quedar subordinado a intereses ajenos a la justicia.

En este contexto, el papel del gobierno de Pedro Sánchez ha quedado retratado: incomodar lo menos posible a sus socios de Bildu, quienes nunca han roto con ese pasado de la banda terrorista ETA. No es casualidad que Bildu presentara en las pasadas elecciones municipales a 44 personas en listas con delitos de sangre. Lo que resulta más demoledor es que el PSOE ahora les blanquea y cede ante sus políticas supremacistas a cambio de votos. ¿Recuerdan aquello de presos por presupuestos?

Frente a cualquier intento de victimismo, la respuesta debe ser clara: la memoria de las víctimas y la exigencia de justicia no son negociables. Y la justicia es el único camino legítimo para que esas heridas puedan algún día empezar a cicatrizar, una justicia que no puede depender de los cálculos políticos del PSOE para mantenerse en la Moncloa.

Aroha Rochela. Vox / Andorra