Los servicios fundamentales, como la educación, la sanidad o las pensiones, se prestarán siempre a adoptar posiciones radicales y, precisamente por eso, es necesario el acuerdo social. Asistimos ahora a posiciones de fuerza contra la extensión de la concertación del bachillerato en colegios concertados que no la tienen. La realidad es que la enseñanza pública y la privada concertada son complementarias, porque de hecho ambas atienden a sectores muy importantes de la población escolar. En la provincia de Zaragoza, el 46% del alumnado estudia en la concertada y el otro 54% en la pública. Una diversidad que debe ser respetada socialmente.

Faltan inversiones públicas en educación, algo que no es de hoy. Objetivamente, hay aspectos de la política educativa en los que con el paso del tiempo se ha avanzado. En los procesos de elección del centro por parte de las familias, por ejemplo, se ha conseguido un desarrollo más normalizado y pacífico, sin los problemas de hace unas décadas cuando elegir centro se traducía en múltiples sorteos, tanto en el caso de los colegios públicos como en el de los concertados.

Se ha conseguido, también, mantener escuelas con pocos alumnos en lugares aislados, donde un planteamiento puramente económico las hubiera condenado a la fusión con otras más o menos próximas. Otro aspecto que ha mejorado es el de la integración del alumnado extranjero. El análisis del Centro de Evaluación, Formación y Calidad señalaba este año que el sistema educativo en Aragón era «altamente inclusivo». La integración de los alumnos extranjeros —que ya alcanzan el 23% en primaria y en ESO— se va produciendo de forma satisfactoria, a pesar de todas las dificultades que comporta.

En una reciente encuesta publicada sobre las preocupaciones de los aragoneses, a la pregunta de cuál consideraban el principal problema actual en Aragón, la educación ocupaba el puesto 18, señalado por un 1,6% de los encuestados. Muy por debajo de la vivienda —un 23,7% de las respuestas— y de la sanidad —con un 14,1%—. La despoblación, los conflictos políticos o la inmigración también preocupaban más a los encuestados que la educación, con porcentajes que se situaban entre el 5 y el 7% de las respuestas.

Carlos Sauras