A nadie se lo pagan, así que no te lo van a pagar a ti. Si no te gusta, ahí tienes la puerta, que a otro meterán». Con esta afirmación articulada por la secretaria de mi centro educativo me encontré mi primer día de trabajo en el sector. Se refería al pago del kilometraje por los desplazamientos con carácter semanal desde mi aula adscrita a mi centro educativo y cuyo abono correspondía a la Entidad Local contratante.

Las desmotivadoras palabras de la compañera solo explicitaban una realidad bien conocida en el mundo de la Educación para Adultos: la deficiente situación que atraviesa el personal laboral que atiende este servicio como empleados de ayuntamientos o comarcas. Aunque finalmente se me abonó el kilometraje, surgieron —en esta y en otras administraciones— otros problemas como el cómputo de las vacaciones, la relación de horas del horario lectivo del profesorado o el tiempo y la forma en los procesos selectivos, así como en la contratación.

Hablaremos hoy sobre el tema de las vacaciones, ya que esta situación —como las anteriores descritas— es causa directa de la falta de una plantilla estable en estos centros educativos y por lo tanto esto tiene una repercusión directa en la calidad de la enseñanza y en la oferta educativa de la EPA en Aragón.

Con el tema de las vacaciones recuerdo que, acercándose el final del contrato temporal en mi primer trabajo, la secretaria del ayuntamiento me indicó que debía coger las vacaciones que había generado las últimas semanas de junio. Atendiendo al convenio que se me estaba aplicando, le comenté que eso no era posible y que además debía realizar labores de final de curso como la Memoria de Aula Adscrita o el inventario. Al consultar la situación con el director del centro, me dijo que hiciera la memoria estando de vacaciones. Ante mi negativa añadió: «No te quejes demasiado; si nos cierran el aula, nos jodes a todos».

Por desgracia, esta situación no resultó ser algo excepcional y tampoco lo fue la «amenaza» de cerrar aulas por reclamar derechos. En este sentido, urge tomar medidas al respecto como por ejemplo devolver las competencias a la DGA en materia de contratación y la elaboración de un convenio colectivo para este sector, dotando así a las plantillas docentes de mayor seguridad y estabilidad laboral.

David Palacios. CHA / Utrillas