Constituye un secreto a voces que las contrataciones que se realizan en gran parte de las administraciones públicas no siempre cumplen con todas las garantías en materia de transparencia que se esperarían de un sistema democrático robusto.

Todavía siento ira al recordar las palabras de una vecina algo inconsciente que, con condescendencia, me paró por la calle para decirme que a su hija la había llamado personalmente la directora de un CPEPA —por cierto, hija del anterior director— para contratarla. Lo había rechazado, presumió, porque en efecto las condiciones laborales eran deplorables.

Hace algunos meses dedicaba mi columna en este periódico a hablar de las dificultades que atraviesan los profesores de Educación para Personas Adultas que prestan servicio como personal laboral y hoy quisiera dedicar una segunda parte a hablar de los problemas que sufren en su contratación.

Inmediatamente llamé al ayuntamiento en cuestión pidiendo explicaciones de por qué no se estaba celebrando un proceso selectivo en el municipio. Lo cierto es que existen, a grandes rasgos, dos formas de contratar a este personal: mediante un concurso y/o oposición y a través del INAEM. Esta última constituye una herramienta excepcional cuyo objeto debería ser el de cubrir el curso académico cuando las listas de interinos están agotadas; sin embargo, es un método bastante habitual.

Al curso siguiente se celebró el «concursillo» y tras mi descontento con las calificaciones acudí a la revisión del examen. El representante del tribunal calificador, el secretario del CPEPA —y pareja de la directora—, se mostró reacio a realizar dicha revisión. Tras exigir mis derechos tuvo que acceder, mostrando un papel lleno de tachones y partes borradas con corrector.

Desgraciadamente, esta situación tampoco fue excepcional: exclusiones, méritos a la carta, nombramientos no publicados o «erratas» en el orden de las listas son solo algunos ejemplos de a lo que se enfrentan muchos opositores. Recuerdo otra situación especialmente grave en la que otra directora intentó sin éxito que se obviase mi turno en la lista llamándome «problemático».

Como comenté en mi anterior artículo, es preciso elaborar un convenio colectivo para el sector y devolver las competencias en materia de contratación a la DGA, frenando así el nepotismo endogámico que está pudriendo la escuela de adultos. Mientras tanto, ayudaría que se publicasen e inspeccionasen todos y cada uno de los nombramientos.

David Palacios. CHA / Utrillas