Un fantasma recorre el nuevo ciclo político español: el fantasma del foralismo.

La alianza del gobierno de Pedro Sánchez con los nacionalismos periféricos ha acabado abriendo el melón que irónicamente dió el pistoletazo de salida al procés: el concierto económico.

Para entender el asunto hay que remontarse mucho más atrás, a 1878, cuando el gobierno de Cánovas estableció con País Vasco y Navarra un concierto económico que les permitiría recaudar sus propios impuestos. Este era el precio a pagar por una paz social que había costado la friolera de tres guerras carlistas.

Esta misma fórmula, que en Navarra y Álava se mantuvo incluso en el franquismo, fue propuesta por Suárez a Pujol para Cataluña durante la Transición, la cual rechazó bajo un mantra muy claro: si no recaudamos nuestros impuestos siempre habrá un tercero al que echarle la culpa.

El procés cambió el discurso pero, ahora que ha muerto, en vez de funeral tendremos debate en el Congreso.

Compromís y Chunta ya han condicionado su apoyo a abrir la negociación sobre la financiación a sus propias comunidades mientras que Sánchez, que siempre hace de sus pecados las pruebas de su beatificación, parece que va a poner toda la carne en la parrilla federal.

De lo que parece una cesión a un partido que piensa que su territorio no debería ser solidario con nadie, una defensa excelsa de su particularismo, el presidente intentará reconducirlo hacia un nuevo federalismo, cuyo debate será salomónico.

A raíz de las polémicas declaraciones del Gobierno de España, comparando el concierto catalán con las ayudas contra el despoblamiento que recibe Teruel, el agravio territorial parece alcanzar nuevas cuotas. ¿Qué tiene que ver dar más dinero a una región rica y dinámica con ayudar a un territorio convaleciente?

Ante esta encrucijada los aragoneses nos manifestamos unánimemente en contra de lo que entendemos como un ataque a nuestros intereses, pero ¿acaso diríamos lo mismo si prosperase en nuestra región una financiación singular similar a la catalana como parece proponer nuestro diputado Jorge Pueyo?

Esto me lleva al punto que considero crucial para entender este anagrama: las diferentes aportaciones que cada CCAA realiza no son causa sino consecuencia de una estructura económica que favorece a Madrid, Barcelona y Bilbao a nivel comercial, al cuadrante noreste de la península a nivel de renta, en tanto proveedor industrial y logístico de los 3 nodos, y a la costa mediterránea a nivel laboral y demográfico.

De aquellos polvos, estos lodos. Andalucía no tiene problemas de despoblación pero sus habitantes temen el paro endémico. Aragón goza de una calidad de vida superior a la media pero ha dejado morir a un tercio de su territorio.

Frente a las fórmulas maniqueas de confrontación partidista y territorial yo abrazo la solidaridad y el consenso de la fórmula federal. Tal y como me enseñó mi maestro, la autonomía debe de comportar responsabilidad por un gobierno compartido.

Celebraré que cada región de este país tenga más autonomía en la gestión de sus recursos si previamente se soluciona el más insolidario de nuestros problemas: los desequilibrios territoriales de nuestras estructuras económicas. Y para ello hará falta un Estado que no sea árbitro en las guerras entre autonomías sino el patrimonio común gestionado por todas ellas.

Sánchez tendrá que demostrar este año si su Gobierno puede completar este martirio autoimpuesto caminando hacia esta vía o si se trata de una mera cesión dada por supervivencia a las tropas carlistas.
De ser así no me extrañaría que sus enemigos lograsen al fin su tan deseada crucifixión boca abajo. Con la diferencia de que en esta ocasión, no será santificado.

Tomás Celiméndiz. Graduado en Ciencias Políticas y Sociología en la UAB