Desde que nuestro país conoce la democracia otorgada por la constitución de 1978, España ha tenido diferentes presidentes del gobierno, mejores y peores, de centro derecha y de centro izquierda, reformistas y progresistas. Presidentes, los cuales, siempre han gobernado bajo el paraguas de nuestra constitución. Una constitución que nos ha permitido alcanzar el mayor periodo de prosperidad y progreso de nuestra historia. Una constitución elaborada gracias a la brillante capacidad dialogo y de acuerdo de unos representantes políticos que que nos brindaron un documento que, principalmente, garantizaba la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Sin embargo, nunca habíamos tenido la desgracia de caer en manos de un presidente del gobierno que es capaz de poner en riesgo todos los logros que hemos conseguido a lo largo de estos 45 años de democracia, y todo ello, por su inusitado egocentrismo de mantenerse en el poder.

Nunca habíamos tenido un presidente del gobierno que pensara que solo él puede ser presidente, gane o pierda las elecciones y que para conseguir su enfermizo objetivo todo vale y a cualquier precio, dejando en un segundo plano el cumplimiento de nuestra constitución y los valores democráticos que deben aflorar por los poros de un digno candidato a presidir el gobierno de nuestro país.

Y es que es indigno para un país, que el candidato a presidir el gobierno pacte con un fugado de justicia una amnistía de los delitos cometidos y un referéndum de independencia. Y claro, uno se pregunta ¿Qué pasaría si viéramos en el telediario que, en Francia, en Alemania o en Italia, el candidato a presidir el gobierno está negociando con un prófugo la justicia para ser presidente? ¿Pensaríamos que se han vuelto locos? No pensemos nada, porque en estos países o cualquier otro país de Europa, ni se plantean verse ante un político que tenga el cuajo suficiente para llegar a acuerdos con un prófugo de la justicia y en caso que así fuera, sin ningún género de dudas, la sociedad civil se movilizaría para evitar que un solo individuo dilapide el marco regulatorio que les ha dado su mayor etapa de progreso.

Son 7, solo7 diputados independentistas los que están poniendo un jaque a nuestro país. Puigdemont ha puesto como condiciones la amnistía de todos los que fueron detenidos durante la declaración de independencia de Cataluña (más de 4.000 encausados) y un referéndum de independencia. Pero en realidad lo único que quiere Puigdemont es la amnistía, porque con la amnistía lo que se reconoce es que los delitos no han existido, tampoco les obliga a reconocer los delitos que han cometido, algo que si se debe hacer con el indulto y por tanto se está reconociendo que el día de la declaración de la independencia en Cataluña no se cometió ningún delito, es decir, que en futuro no se podrá catalogar como delito ni juzgar una nueva declaración de independencia. Por lo tanto, ¿qué más le da a Puigdemont que no le permitan hacer un referéndum sobre la independencia de Cataluña? Si aprobando los indultos por parte del Gobierno de España ya se está reconociendo que el referéndum ilegal y la declaración de independencia no son delitos. ¿Cómo queda nuestro estado de derecho y nuestro sistema judicial ante los ojos e Europa? Y es que si no hay delito, ¿cómo va responder nuestro sistema judicial si se repiten los hechos indultados?

Sin lugar a dudas, estamos ante la mayor crisis institucional de nuestra historia y lo peor de todo, es que no seremos conscientes de lo que nos estamos jugando hasta que hayamos perdido todo lo que hemos conseguido durante los últimos 45 años viendo cómo poco a poco se produce la mayor involución de nuestra historia.

Juan Carlos Gracia. Diputado en las Cortes de Aragón por el PP