El acuerdo de Gobierno entre el Partido Popular y VOX en Aragón no es un ejercicio retórico ni una suma de promesas vacías. Es un compromiso político basado en medidas concretas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, guiado por un principio esencial: el sentido común y la prioridad nacional.

Vamos a implementar la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones. Hasta ahora, los españoles son quienes se encuentran discriminados. Basta con echar un vistazo a los Boletines Oficiales para comprobar que las ayudas públicas se las llevan quienes acaban de llegar, mientras que nuestros abuelos o padres que llevan toda su vida cotizando y trabajando en España se quedan sin ninguna opción de recibir lo que merecen. Y lo dejamos muy claro: prioridad no es exclusión. Los catedráticos de Derecho Constitucional han corroborado con la ley en la mano que se trata de una medida con pleno encaje legal.

En esa línea, el Gobierno de Aragón se va a oponer por todas las vías legales, jurídicas y políticas a la llegada de inmigrantes ilegales. Habrá verificación de la edad real de los supuestos ‘menas’, y se realizará una auditoría anual del coste que supone la invasión migratoria a todos los aragoneses.

En sanidad, se plantea un incremento progresivo de recursos sanitarios durante toda la legislatura, acompañado de un plan de choque contra las listas de espera y la ampliación de servicios esenciales como la atención bucodental infantil y juvenil.

En educación, la gratuidad educativa de 0 a 3 años y de la primera matrícula universitaria supone un apoyo directo a las familias y una mejora real en la igualdad de oportunidades. A ello se suma la necesidad de revisar el sistema de becas para reforzar el apoyo a quienes destacan por su esfuerzo y capacidades.

El fin del despilfarro público es otro pilar del acuerdo. Se revisarán partidas que no aportan valor directo al ciudadano, priorizando los servicios esenciales. El dinero público debe gestionarse con responsabilidad, eficiencia y transparencia.

En paralelo, se impulsa una política fiscal que permita a los aragoneses disponer de más recursos. La bonificación al 99% de Sucesiones y Donaciones en el Grupo 2, la bajada de impuestos (IRPF, AJD, ITP) junto a la reducción de tasas y el apoyo a familias y jóvenes permitirá que haya más dinero en el bolsillo del ciudadano.

El acceso a la vivienda se abordará aumentando la oferta de vivienda y simplificando los procesos urbanísticos y garantizando seguridad jurídica frente a la okupación ilegal. De esta forma, generaremos confianza y facilitaremos el acceso al alquiler a través de más viviendas en el mercado: la seguridad jurídica de los propietarios no es negociable.

La juventud ocupa un lugar central. Es necesario adaptar la formación al modelo productivo, combinando innovación tecnológica con la recuperación de oficios tradicionales. Además, facilitar el desarrollo de proyectos de vida en el medio rural es clave. El futuro del campo aragonés no se negocia fuera: agricultores y ganaderos contarán con respaldo firme de VOX.

La lucha contra la despoblación se afronta desde el realismo: no con eslóganes, sino con empleo, vivienda, infraestructuras y oportunidades. Sin actividad económica real y servicios cercanos, no habrá fijación de población. Por ello, el acuerdo incorpora medidas fiscales a la inversión, mejoras en conectividad y apoyo al tejido productivo local y fomentar el emprendimiento local como modelo productivo estratégico.

En el ámbito agrario, se defenderá el suelo productivo frente a decisiones externas que lo perjudiquen, evitando su ocupación indiscriminada y protegiendo un sector estratégico.

En definitiva, este acuerdo define una forma de gobernar basada en prioridades claras y responsabilidad. No se trata de grandes discursos, sino de aplicar medidas reales que resuelvan problemas concretos. Aragón puede convertirse en un referente si este camino se desarrolla con coherencia: poner al ciudadano en el centro, gestionar con rigor y actuar con sentido común. Porque, en última instancia, la política debe estar al servicio de quienes la hacen posible: los ciudadanos.

Carlos Andreu - Vox / Alcañiz