El 23 de marzo en España conmemoramos el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, una fecha que reconoce la necesidad de avanzar hacia un reparto más justo de las responsabilidades familiares y laborales.
La institucionalización de este día fue posible gracias a una iniciativa que impulsé durante mi etapa de parlamentaria, con un propósito claro: dar visibilidad a un problema que durante demasiado tiempo había permanecido en segundo plano y sigue sin resolverse.
Dar este paso significó también cambiar la mirada: entender que la conciliación no es un problema individual, sino una responsabilidad colectiva. Que no puede depender del esfuerzo silencioso de las familias, y mucho menos de las mujeres, sino del compromiso de toda la sociedad.
Porque hablar de conciliación no es hablar de organización del tiempo, es hablar de igualdad, de oportunidades y de futuro como sociedad.
Y hoy, con los datos en la mano, sabemos que ese futuro aún no es igual para todos.
Las mujeres continúan sosteniendo, de forma mayoritaria, el peso de los cuidados. No es casualidad que más del 72% de las personas cuidadoras no profesionales sean mujeres, ni que más de 2,8 millones se vean obligadas a quedarse fuera del mercado laboral para atender responsabilidades familiares.
Y son ellas quienes, en su inmensa mayoría, reducen su jornada, interrumpen su carrera profesional o solicitan excedencias. Los datos son claros: en 2025, el 83,1% de las excedencias por cuidado de hijos o familiares correspondieron a mujeres, frente a apenas un 16,9% de hombres. Es decir, más de ocho de cada diez excedencias siguen recayendo sobre ellas.
Esta realidad no es solo una cuestión social, es también una cuestión económica. Porque cuando la conciliación falla, la desigualdad se cronifica.
Las consecuencias son claras: una brecha salarial del 20% y una brecha en pensiones que supera el 30%. Una desigualdad que se construye a lo largo de toda la vida y que se traduce en trayectorias laborales más precarias, menor independencia económica y un mayor riesgo de vulnerabilidad.
Por eso, la conciliación no puede seguir siendo un asunto privado que las mujeres resuelven en silencio. Es una responsabilidad colectiva que requiere compromiso político, social y empresarial.
Esta realidad se agrava aún más en el medio rural. Allí, donde los servicios son más limitados, la conciliación se convierte, en demasiadas ocasiones, en una utopía. Las mujeres rurales sostienen el equilibrio de sus familias, de sus trabajos y de sus pueblos, asumiendo una carga que muchas veces pasa desapercibida.
Hablar de conciliación en el medio rural es hablar también de cohesión territorial, de lucha contra la despoblación y de justicia social.
Ante esta realidad, Europa ha dado un paso al frente con la Estrategia Europea de los Cuidados, una herramienta clave para avanzar hacia un modelo más justo e igualitario. La Unión Europea ha situado los cuidados en el centro de su agenda con un marco que apuesta por garantizar servicios accesibles, asequibles y de calidad, mejorar las condiciones laborales de quienes cuidan y avanzar en corresponsabilidad. Una estrategia que reconoce algo fundamental: los cuidados no son un gasto, son una inversión social y económica imprescindible.
Invertir en cuidados significa mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral, reducir las brechas salariales y de pensiones y fortalecer el Estado del bienestar. Pero también significa generar empleo, atraer talento y dar respuesta a uno de los grandes retos demográficos de nuestro tiempo.
En este contexto, hablar de soluciones no es una opción, es una obligación.
Sin embargo, no podemos conformarnos. La conciliación real exige un cambio profundo. Exige políticas públicas que sitúen los cuidados en el centro, que reconozcan su valor y que construyan una red sólida que permita a las mujeres no tener que elegir entre su vida personal y profesional.
Exige también corresponsabilidad. Porque sin la implicación real de los hombres, no habrá avances suficientes.
El 23 de marzo debe servirnos para algo más que reflexionar. Debe ser un punto de inflexión. Un recordatorio de que la igualdad no puede seguir esperando.
Porque sin conciliación no hay igualdad.
Y sin igualdad, no hay futuro.
Carmen Quintanilla. Tribuna abierta


Carmen tienes toda la razón. Es terriblemente injusto que los cuidados recaigan sobre todo en las mujeres. Por eso, yo en alguna ocasión he escrito sobre el tema. Ahí va es de 2019, pero sigue de plena actualidad:
«CUIDATORIADO es un término aplicado a la clase social cuyo trabajo principal es el cuidar (care) y que en la mayoría es no remunerado. El término se debe a María Ángeles Durán, Premio Nacional de Sociología, la cual en una reciente entrevista nos explica el término. Todos los demandantes de cuidado, niños, enfermos, ancianos por las carencias de nuestro Estado de bienestar y que no lo pueden comprar en el mercado, tienen que recurrir a cuidadores, que son la nueva clase social equivalente al proletariado del siglo XIX. Está compuesto por dos grupos. Un grupo, el más estudiado, el remunerado, formado básicamente por mujeres inmigrantes con condiciones laborales muy precarias. Mas, la mayoría son mujeres de mediana edad o de edad avanzada que no cobran y que lo hacen por afecto familiar. Estas mujeres no tienen ninguno de los derechos conseguidos por los trabajadores. No tienen derecho a la seguridad social, lo tuvieron con la ley de dependencia, lo perdieron con la crisis, y ahora parece que lo vuelven a tener. Si no has tenido seguridad social, al ser mayor estás condenada a la miseria y a la dependencia.
María Ángeles en «La riqueza invisible de los cuidados» ha calculado que el trabajo del cuidado en los hogares no remunerado equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo (aplicada la misma jornada que al sector servicios). Las opciones que habría son: pagarlo, eliminarlo o redistribuirlo. Se podrían combinar las tres. Pero es sumamente difícil. Si se decide pagarlo, como la mayor parte son niños, ancianos o personas muy enfermas no tienen dinero, debería hacerlo Estado, lo que supondría subir mucho los impuestos. Calcula que tendría que subir un 70% el IRPF para pagar parte de los cuidados que se hacen ahora gratis.
Otra posibilidad es la supresión. De hecho, en España es lo que se hace, por la vía de no tener niños. Pero donde únicamente se puede hacer un avance muy grande sería con la redistribución. Por la vía del género, que los hombres contribuyan mucho más. Y en eso se ha notado el paso del tiempo. Los hombres jóvenes y muchos de los abuelos que antes no les parecía bien ir a recoger al nieto, ni hacer la compra o cuidar a alguien en la familia, ahora lo hacen. Hemos mejorado, pero lentamente. Y la otra vía es una redistribución por edad. Se supone que el cuidado de mayores no lo hacen los jóvenes, pero tendrán que participar más en esas tareas colectivas no remuneradas».