Un cachorro dentro de una caja, a pleno sol, con las heridas abiertas y los gusanos comiéndoselas por dentro. La fotografía la publicó APAP, la protectora, con un pie de foto que decía «sentimos rabia e impotencia», y se quedaron cortos, porque esa imagen no produce solo rabia. Alguien miró a un ser vivo, decidió que era un estorbo, cerró la caja y se fue a casa a dormir tranquilo.
A pocos kilómetros, la Oficina Comarcal Agroambiental de Muniesa volvía a quedarse sin veterinaria, y esta vez no por un imprevisto: por vacaciones. La profesional que cubría la plaza desde marzo se tomó el descanso que le corresponde y la DGA no puso sustituto.
Del 6 al 31 de julio, la oficina abre dos días a la semana, sin veterinaria y sin administrativo, plaza vacante desde octubre de 2024, y 11 municipios dependiendo de ese servicio. 650 días sin personal administrativo estable.
No son dos noticias distintas. Es la misma noticia contada dos veces, con protagonistas diferentes y la misma firma al pie: administración ausente.
Y Muniesa no es una excepción con mala suerte, es la fotografía de un sistema entero. Aragón tiene 48 Oficinas Comarcales y ya en diciembre de 2024 se denunció que, de los 398 puestos previstos, 92 estaban vacantes, con Muniesa citada como localidad «crítica».
El consejero de Agricultura se negó a aclarar en el Pleno de las Cortes cuántas vacantes hay. Año y medio después, el problema seguía ahí, con la OCA de Valderrobres funcionando con solo 4 de sus 7 trabajadores.
Y que quede claro: esto no es cosa de un color político. Las OCA llevan años deteriorándose con gobiernos distintos, y la oposición de turno encuentra la denuncia fácil que no encontró la solución cuando gobernaba.
Cuando el Gobierno de Aragón deja sin veterinario una oficina que atiende a 11 pueblos, el mensaje que transmite sobre el medio rural pesa más que cualquier discurso sobre la España vaciada. Y cuando una parte de esta sociedad mira para otro lado ante un cachorro agonizando en una caja, dice algo parecido sobre lo que toleramos cuando nadie fiscaliza.
Un abandono ocurre en un despacho y el otro a la orilla de un río, pero los dos comparten padre: la indiferencia.
A los animales los tienen vendidos. España cerró 2025 con 285.000 animales entrando en protectoras, cifra que el sector considera estancada. Casi 4 de cada 10 protectoras no tienen personal remunerado —son sostenidas por voluntarios—, mientras la Ley 7/2023 promete multas de hasta 200.000 euros para el abandono más grave que nadie audita.
Existe la letra, existe el techo sancionador, pero no existe el control.
Muchos ayuntamientos incumplen la ley que les obliga a recoger y atender a los animales abandonados. No conciencian, no sancionan cuando conocen al responsable ni se toman en serio la esterilización de colonias felinas, la medida más eficaz y barata para atajar el problema.
Alcañiz ilustra bien las carencias de muchas administraciones locales. Tiene 42 colonias felinas identificadas y un plan que solo cubre 17, con una partida de 5.000 euros insuficiente. Colabora con las protectoras a regañadientes cuando el Ayuntamiento es el responsable legal. Que levante la mano el alcalde que tenga este servicio cubierto de verdad.
Ahí se cae el relato. Hablar del llamado «Plan 700» y de dignificar el medio rural cuesta un titular bonito y ningún presupuesto. Cubrir una plaza de veterinaria en vacaciones cuesta un sueldo de julio. Si no se hace ni eso, sobra todo lo demás del discurso.
No nos engañemos: la culpa se reparte entre dos. Los particulares sin escrúpulos que abandonan como quien tira una bolsa de basura y las instituciones que se lavan las manos mientras hablan de compromiso.
No pido lástima. Pido coherencia, que se note en las plazas cubiertas, en los turnos de vacaciones previstos y en los protocolos que protegen a un animal antes de que alguien tenga que fotografiarlo agonizando. Lo demás es propaganda.
La comarca sigue funcionando gracias a la gente que siempre acaba tapando los agujeros de los demás. Voluntarios, empleados que sostienen más trabajo del que les corresponde, veterinarios que doblan esfuerzos y vecinos que nunca preguntan de quién era el problema antes de resolverlo.
Eso habla muy bien de nosotros. Lo preocupante es que también empiece a ser el modelo de gestión de quienes cobran precisamente para evitar que esta tierra dependa, una vez más, del sacrificio de los de siempre.
Jorge Herrero. Papel y pixel

