El Boletín Oficial de Aragón publicó esta semana el convenio entre Diputación de Teruel y Gobierno de Aragón para realizar obras de mejora en los colegios públicos de la provincia. De entrada, lo han hecho bastante más tarde de lo que solía ser habitual, a mitad del verano en el que se supone se deberían llevar a cabo las obras para comenzar el curso con los deberes hechos. Pero, además, lo hacen sin el apoyo del único partido de la oposición en la institución provincial y en base a criterios tan unilaterales como inexplicados.

Los socialistas ya votamos «no» a esta nueva forma de hacer las cosas en un asunto que contaba con el consenso de todos los actores políticos de la provincia e incluía a los ayuntamientos, responsables del mantenimiento de estas instalaciones e interlocutores directos con los equipos directivos. Pese a romperse un consenso histórico, el tripartito no informó de sus intenciones y en el PSOE nos enteramos del convenio cuando ya estaba cerrado.

Se nos contó que el reparto del millón de euros que se va a invertir este año en los colegios obedecía exclusivamente a criterios técnicos, que era necesario acometer actuaciones más grandes y que para definir esos proyectos a realizar se había hablado directamente con todos los colegios. No tardamos en descubrir que a muchos colegios no se les había hecho consulta alguna, por lo que esos criterios ya no parecían tan objetivos. Antes los municipios, previa consulta a los colegios, transmitían sus necesidades. Ahora ni se les pregunta. ¿En serio pueden afirmar que es un sistema más eficiente?

¿Es mejor hacer obras grandes que pequeñas actuaciones? No tiene por qué. En muchos municipios contaban con pequeñas cantidades anuales para seguir desarrollando un plan plurianual de mejora integral de su colegio. Ahora ni siquiera saben cuándo les llegará ese dinero, porque no existe ninguna programación en un convenio que, aseguran desde el gobierno de la institución provincial, es plurianual y llegará a todos. Pero la realidad es que pasamos de 108 actuaciones en 2023 a 23 en 2024. A este ritmo, ¿de verdad llegará a los 235 municipios (excluyo la capital, que no es competencia de la DPT pese a que el equipo de gobierno intentó colar uno de sus colegios en la lista) y a todos los barrios de la provincia?.
Ante la imposición de Partido Popular, Teruel Existe y PAR, vigilaremos al desarrollo del nuevo sistema y responderemos debidamente ante el perjuicio que muchos municipios, sobre todo los más pequeños, creen haber sufrido ante un «interés mayor» que, con el PP, pocas veces responde al interés general.

Joaquín Noé. PSOE / Ariño