España atraviesa una situación política insostenible. Tenemos un gobierno bloqueado, incapaz de aprobar medidas esenciales para el bienestar de los ciudadanos, como se ha evidenciado con el reciente rechazo al Decreto de Antiapagones en el Congreso. Esta parálisis institucional no es casual: responde a un Ejecutivo acorralado por múltiples escándalos de corrupción que erosionan su legitimidad.

El caso más grave es el del Fiscal General del Estado, que se sienta en el banquillo de los acusados. En cualquier país con un mínimo de ética democrática, esto sería inconcebible. No se puede perseguir el delito mientras se es investigado por la justicia. La independencia del sistema judicial está en entredicho, y la confianza ciudadana, gravemente dañada.

A esto se suma un gobierno que ha indultado a golpistas y ha normalizado alianzas con formaciones como Bildu, con el único fin de mantenerse en el poder. Gobierna a golpe de decretos, sin diálogo real, sin consenso y sin rumbo.

La provincia de Teruel es un claro ejemplo del abandono institucional. Después de siete años de promesas, la A-68 sigue sin materializarse. Las ayudas al funcionamiento, que podrían llegar al 20% para nuestras empresas, se quedan en un insignificante 1%. Mientras tanto, el nuevo mapa concesional de transporte público no ha sido aprobado, lo que condena a 54 municipios de la provincia a quedarse sin servicio de autobús. Como si fuera poco, la financiación singular con Cataluña deja a Aragón con menos recursos para sostener servicios básicos como la sanidad o la educación.

España y Teruel no merecen esto. No merecen un gobierno que premia a unos pocos y castiga al resto. Necesitamos un Ejecutivo serio, transparente y comprometido con el interés general. Un gobierno que actúe, no que se excuse. Que mire al país entero, no solo a sus socios. La dignidad democrática lo exige.

Alberto Herrero. PP / Calanda