El dictamen de la Ley de Movilidad Sostenible ya ha sido aprobado en comisión y queda pendiente su debate próximo y definitivo en el Pleno del Congreso. Hablamos de una norma necesaria, que va a cumplir tres años su trámite y que está orientada a modernizar el transporte en España y a avanzar en la descarbonización de la movilidad.

Sin embargo, todavía arrastra una gran sombra de incertidumbre para los territorios rurales, porque no existe la garantía de que no desaparecerán las 54 paradas de autobús que hoy conectan a pueblos de nuestra provincia. Y esa ausencia de compromiso preocupa y mucho.

El ministro Óscar Puente ha hecho declaraciones asegurando que no se dejará a ningún municipio aislado. Pero lo cierto es que la ley, tal como está redactada, y a la vista de las enmiendas que han sido incluidas en el texto, no certifica esa promesa. Las palabras del Ministro Puente, sin un respaldo normativo, se las lleva el viento y sino que se lo digan a los zamoranos, que los dejó sin frecuencias ni paradas de AVE.

Porque la experiencia nos demuestra que, cuando se reordenan concesiones de transporte, siempre son los territorios menos poblados los que terminan pagando el precio de la racionalización, y todavía hoy estamos a tiempo de reconducir esa situación para en nuestra provincia.

Por ello, desde el Partido Popular hemos presentado varias enmiendas claras y realistas para obligar al Gobierno a garantizar y certificar que ningún municipio se va a quedar sin servicio de autobús. Además de que el nuevo mapa concesional no se apruebe unilateralmente, sino que se haga en el marco de la Conferencia Sectorial de Transportes, donde comunidades y ayuntamientos podamos defender también nuestros intereses.

Y que el Gobierno de España con Aragón alcancen un acuerdo específico que asegure alternativas de transporte en caso de que alguna línea desaparezca. Porque en materia de movilidad, cada plaza vacía que se pierde en un autobús rural es un derecho que se cercena a quienes más necesitan esos servicios.

No nos quedamos ahí. También hemos registrado una enmienda que va más allá del autobús: reclamamos un Plan de Convergencia que sea incluido en los próximos Presupuestos Generales, para que aquellas provincias como la nuestra, que carecen de otros medios de transporte como el AVE o el avión, sean en éstas provincias las que se incluyan partidas económicas excepcionales para impulsar definitivamente infraestructuras claves como la A-68.

Por eso, hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios para que, al menos, respalden estas dos enmiendas. No se trata de un capricho político, sino de una cuestión de justicia con nuestros territorios. Nuestra provincia y los turolenses no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda. Estamos a tiempo de corregir esta ley y de aplicar el sentido común para que de verdad sirva al desarrollo de todos los territorios por igual.

Los turolenses lo merecemos y España también.

Alberto Herrero PP / Calanda