La Ley 13/2023 no es un adorno jurídico ni un simple gesto simbólico. Su objetivo es claro: garantizar servicios básicos, impulsar actividades socioeconómicas y coordinar políticas para que vivir en un pueblo no signifique tener menos derechos que vivir en una ciudad. Precisamente por eso llama la atención que el pacto entre PP y Vox apenas reserve espacio para una respuesta integral al problema de la despoblación.
El medio rural aragonés no necesita más declaraciones de intenciones. Necesita planificación, financiación, coordinación y continuidad institucional, que es exactamente lo que la ley pretendía ordenar. Cuando un acuerdo de gobierno presume de defender el campo pero no cita el principal instrumento normativo diseñado para dinamizarlo, el mensaje que transmite es de improvisación o, peor aún, de desinterés.
La crítica que hacemos en CHA apunta a un debate de fondo: combatir la despoblación no se resuelve con medidas aisladas, sino con una política pública estable. Subir fondos, anunciar carreteras o prometer incentivos puede sonar bien, pero sin una arquitectura común todo queda expuesto a la arbitrariedad del momento y al ciclo corto de la política.
En Aragón, donde el equilibrio territorial es una cuestión de justicia además de economía, la ausencia de la ley en el pacto debería preocupar a cualquiera que mire más allá del marketing institucional. Porque el problema no es solo cuántos recursos se anuncian, sino qué modelo de país se quiere construir para Aragón: uno que iguale oportunidades o uno que deje al mundo rural a la espera de promesas sucesivas.
La crítica de CHA también funciona como aviso al resto de fuerzas: no basta con decir que se defiende Aragón; hay que demostrarlo con normas, presupuestos y prioridades reales. Ignorar una ley pensada para fijar población y garantizar servicios es, en el fondo, renunciar a una parte esencial del compromiso con todas las comarcas.
Aragón no puede permitirse que la despoblación sea tratada como un problema de segunda fila. Si el Gobierno PP-VOX quiere credibilidad, algo que dudo que esté entre sus prioridades, debería empezar por convertir la dinamización rural en política de Estado autonómica, no en un apéndice retórico.
La Ley 13/2023 no sobra, lo que sí sobran son las políticas ultras que pretende llevar a cabo el Gobierno de Aragón.
Marco Negredo. CHA / Cuencas Mineras

