Maricarmen pasará a la historia como símbolo de la deshumanización de nuestra sociedad, al igual que aquella terrible imagen del niño Aylan, ahogado frente a las costas turcas e icono de la crisis migratoria del Mediterráneo. Su historia debería haber impulsado soluciones reales a la penosa situación de la vivienda, especialmente entre los colectivos vulnerables. Necesitamos vivienda pública y facilitar la salida al mercado de millones de pisos y casas cerradas, muchas pendientes de rehabilitación en nuestros pueblos. No todo es Madrid y la realidad inmobiliaria española tiene muchas más aristas de las que caben en una pancarta.

Los datos ayudan a entenderlo. El 46,6 % de las viviendas alquiladas por particulares pertenece a propietarios con un único inmueble arrendado y otro 21,9 % a quienes alquilan dos. Quienes tienen diez o más viviendas alquiladas concentran apenas el 3,6 % de ese segmento del mercado. Detrás hay pequeños ahorradores, jubilados que complementan sus pensiones y familias que ayudan a sus hijos con esas rentas. Muchos pertenecen a generaciones que pudieron ahorrar e invertir en patrimonio, algo cada vez más difícil para los jóvenes de hoy. También hay grandes patrimonios y fondos de inversión, con intereses muy diferentes. Meterlos a todos en el mismo saco impide entender el problema.

Todos conocemos historias tremendas al otro lado que raramente levantan acampadas. Eso no significa que no existan, que no indignen o que no merezcan también nuestra solidaridad. En mi familia, por ejemplo, tenemos una abuela, ama de casa y viuda, que sacó adelante a sus hijos con ayuda de un pisito adquirido con los ahorros de toda su vida. Su inquilino, que llegó recomendado por conocidos y ofrecía buenas referencias, dejó de pagar un año, otro año... y llenó la vivienda de chinches, que se extendieron al edificio. Tras costear la limpieza de las zonas afectadas, asumir los perjuicios ocasionados a los vecinos y un litigio carísimo, recuperó el piso por orden judicial y tuvo que venderlo para pagar las deudas. Todavía hoy apenas puede hablar de aquella experiencia traumática.

Ayer mismo nos llamó a la redacción una vecina desesperada por la ocupación de su vivienda en Alcañiz. Se sentía indefensa, sin encontrar una solución en la ley ni en las fuerzas de seguridad. Este verano hemos visto a barrios y pueblos aragoneses movilizarse, como en Almudévar y Villanueva de Gállego, ante la ocupación de varias viviendas, los conflictos de convivencia y el temor por la seguridad. En La Muela, la tensión llegó a provocar enfrentamientos y la Guardia Civil tuvo que intervenir. Las denuncias por problemas de salubridad y seguridad han llevado la preocupación más allá de los propietarios, afectando a la convivencia de comunidades enteras. Son historias que pocas veces alcanzan la misma repercusión mediática, aunque detrás haya familias igualmente desesperadas. El impago de un alquiler, la ocupación de una vivienda y el desahucio de una persona vulnerable son realidades jurídicamente distintas, pero todas merecen respuestas y ninguna debería utilizarse para alimentar el enfrentamiento social.

En un país donde emanciparse se ha convertido en un privilegio, en el que muchos jóvenes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y numerosos jubilados apenas pueden encender la calefacción, el debate exige rigor. Sin embargo, partidos y redes sociales agitan emociones, prejuicios y bulos para captar votos y fieles. «Tú no lo sabes», dice la canción Mari Carmen, de La Pegatina, que ronda estos días también por las redes. Hablamos, juzgamos y sentenciamos demasiado sobre realidades que apenas conocemos. ¿Cuánto hay de indignación legítima y cuánto de instrumentalización política? Resulta inadmisible que el buenismo impida reconocer las contradicciones. Quince años después de aquel 15M que llenó las plazas de malestar, la burbuja de las promesas se ha desinflado y seguimos sin resolver el problema estructural de la vivienda. España mantiene, además, un parque de vivienda social que se sitúa el cuarto a la cola europea.

Desde el medio rural conocemos otra paradoja. Hay pueblos con casas vacías y familias que no encuentran dónde vivir. Rehabilitar cuesta dinero, alquilar entraña riesgos y construir no siempre resulta rentable. La falta de vivienda habitable dificulta la llegada de trabajadores, el arraigo de nuestros jóvenes y el crecimiento de nuevas familias. La vivienda lleva demasiados años reclamando políticas públicas valientes, seguridad jurídica y soluciones que concilien el derecho a un hogar con el respeto a la propiedad. La muerte de Maricarmen merece respuestas, no réditos electorales. Ojalá sepamos ver en las semanas que se avecinan, entre la confrontación política y las medias verdades, que en la batalla de la polarización perderemos todos. Nuestros pueblos, una vez más, corren el riesgo de quedar fuera de unas políticas diseñadas desde las grandes ciudades, que olvidan que aquí también faltan hogares habitables mientras miles de casas permanecen cerradas.

Eva Defior. Sexto Sentido