En el inicio del presente año hemos conocido el comportamiento en 2016 de diferentes indicadores económicos de nuestra provincia, siendo más que aceptables en términos económicos de renta, riqueza y nivel de empleo, pero quiero destacar uno que considero muy negativo y es el que hace referencia a demografía y no me estoy refiriendo al crecimiento vegetativo negativo, sino a la pérdida importante de población en edad de trabajar y por ello, entiendo, que ha llegado el momento de, entre todos, hacer algo diferente a lo que venimos haciendo hasta ahora, porque si seguimos así, ya tenemos anunciado que dentro de 15 años nuestra población habrá descendido cerca del 13%.

Es indudable que para fijar población rural es imprescindible que exista actividad económica y aquí es donde me gustaría destacar y comentar un modelo económico, la bioeconomía, que tiene visos de convertirse en un elemento estructural para impulsar medidas encaminadas a poner en valor las potencialidades de la provincia de Teruel y armonizar, en torno a nuestro territorio, un desarrollo endógeno, real, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, lo que generará además, un sector agroalimentario más eficiente.

La bioeconomía, es el conjunto de actividades económicas (producción, transformación y comercialización de alimentos, productos forestales y bioproductos), de las que obtenemos productos y servicios, generando valor económico y utilizando de manera ecoeficiente y sostenible los recursos de origen biológicos. En esta estrategia económica, los elementos esenciales son el sector público, como impulsor, dinamizador y coordinador, los sectores productivos y tecnológicos, las empresas, como movilizadores y el conjunto del sistema de ciencia y tecnología, como generador de conocimiento y motor de desarrollo económico.

La bioeconomía puede contribuir al desarrollo económico en muchas áreas de actividad, aprovechando la colaboración público-privada para transformar el conocimiento en innovación, para fomentar la alianza y colaboración de sectores con potencial de crecimiento, dándoles el debido impulso para lograr que se conviertan en sectores punteros o simplemente que alcancen una mayor dimensión, para apoyar a emprendedores y a empresas de economía social a adquirir y dar forma a sus objetivos de crecimiento, para fortalecer las comunidades rurales integrándolas plenamente en el mundo digital y haciendo de esta provincia un territorio atractivo para la gente joven. En la actividad económica forestal hay que incorporar la sostenibilidad en la gestión de los recursos, combinando la capacidad de secuestro de carbono con el uso actual para preservar la biodiversidad y contribuir al mantenimiento de su propio equilibrio. Dentro de esta actividad es esencial también la producción de biomasa como materia prima para la industria bioquímica y bioenergética.

Es clave para desarrollar este tipo de economía contar con el apoyo, tanto técnico como económico, de nuestra Administración Autonómica, para llevar a cabo un cambio en la gestión del territorio, haciendo corresponsables a todos los niveles administrativos y a los agentes económicos y sociales en una gestión coordinada y eficiente. Soy consciente de las dificultades presupuestarias de nuestro gobierno autonómico, pero aprovechando la dotación económica que ha concedido la Unión Europea a Teruel, a través de la Inversión Territorial Integrada ( ITI ), para atender unos objetivos temáticos orientados hacia la cohesión social, económica y territorial, dotada con algo más de 26 millones de euros, más una cantidad igual a aportar por la Comunidad Autónoma, creo que es el momento de profundizar en este modelo económico que vengo comentado.

Aprovechando la senda financiera de esta ITI, con vencimiento para aplicar este importe hasta el año 2020, creo sería interesante intentar hacer algo similar a lo que están haciendo en las Tierras Altas de Escocia, donde actuando con unos criterios y procedimientos notablemente distintos a los aplicados hasta ahora en España, han conseguido revertir el problema demográfico y en la actualidad, la región ha recuperado ya los niveles de población que tenía en los años 1920. La idea sería crear una entidad pública de fomento económico y desarrollo social, dependiente del gobierno de nuestra comunidad y con esos 52 millones de euros llevar a cabo una serie de acciones encaminadas a mejorar los servicios que se dan en el medio rural, garantizando sobre todo, el acceso a la educación, la sanidad y los servicios sociales