Escribo este artículo horas antes de ir a Zaragoza, a la manifestación que el domingo 16 de abril debe reunir a un montón de plataformas, asociaciones y aragoneses en contra de la masificación eólica y la especulación de las energéticas con nuestros montes. Iré con mi hija de 11 años, para que empiece a aprender que las cosas se defienden en los despachos, pero también en las calles. Que el amor por una tierra no se limita a disfrutarla en paseos, meriendas o canciones. Que de vez en cuando, también toca arremangarse y luchar.

«¿Y de qué tenemos que defenderla?» Me preguntó ella hace un par de años. «Si los parques eólicos son energía verde, y no contaminan», me dijo. Cómo explicarle que sí, que eso es cierto, pero que tras eso, se esconden maniobras oscuras que no buscan la defensa del medio ambiente, sino el enriquecimiento económico puro y duro. Y aquí es donde lo enlazo con lo que verdaderamente les quiero explicar.

En el Matarraña tenemos dos proyectos eólicos encima de la mesa. Primero llegó el de Capital Energy, que plantea 84 aerogeneradores de 6 megavatios (MW) cada uno, con capacidad de generar 504 MW (resultado de multiplicar 84 aerogeneradores por los 6 MW de energía que produce cada uno). Después llegó el de Forestalia, de 63 molinos de la misma potencia, que podrá generar 378 MW. Poniéndolo en contexto, entre ambas crearán luz para unas 616.000 personas, cuando en el Matarraña somos pocos más de 8.000. Pero esto es lo de menos.

La clave está en que estos proyectos necesitan de una serie de licencias que, desde el primer minuto, ya empiezan a generar pingües beneficios a las empresas. Cuando ambas sociedades presentaron sus dos proyectos para el Matarraña, en el año 2020, el valor de esas licencias estaba en unos 100.000 euros por MW, y al alza. Tan al alza, que en el año 2023 ya están en 350.00 euros. En sólo dos años, esa inversión ya triplica las cifras iniciales.

Es decir, si Capital Energy, que aún no ha puesto ni un gramo de hormigón entre los montes de Ráfales y Mazaleón, decide vender su licencia (tan sólo eso, su licencia), podría ingresar 176 millones de euros (504 MW x 350.000 euros). Y Forestalia, 132 millones de euros.

Esas son las cifras que, ahora mismo, tienen en sus mesas los directivos de esas compañías. Sin haber instalado ni un molino, ni haber «arreglado» ningún camino, ni haber generado la electricidad para cargar un móvil. Esos números son la base para seguir ganando, porque a la que empiecen a generar energía, aún ingresarán mucho más.

¿Y cuánto de ese dinero podría repercutir en los pueblos? Si venden una licencia, ¿cuánto se llevaría el ayuntamiento que, en su ignorancia y buena fe, pensó que una alfombra roja era una buena idea para desarrollar este tipo de proyectos con esta calaña de socios? Recordemos que Forestalia, precisamente, ya vendió en enero de 2021 una cartera de 2.000 MW a Bruc Energy, un fondo canadiense, relativos a plantas energéticas de Teruel y Zaragoza. O sea, que vender, venden. ¿Cuánto ingresaron los ayuntamientos afectados por ese negocio?

Lo que tenemos delante, está claro. Es especulación pura y dura. Y no sé qué argumentos necesitan aun los que ven en todo esto una oportunidad para sus pueblos o sus bolsillos. La cantidad de dinero que se mueve es tan ingente y desmesurada, que lo que están ofreciendo se antoja insultante. Por mucho que se llenen la boca con palabras vacías como empleo, oportunidad, o asentar población, el único motivo que les mueve, es el único al que aspiran. Han venido a convertir nuestros montes en dinero. Y como siempre, todo será para ellos, no lo olvidemos.

Juanjo Pérez. Asociación Gent del Matarraña