El próximo 29 de noviembre los ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir si quieren continuar con más impuestos, más burocracia, fronteras descontroladas y servicios públicos cada vez más saturados, o si quieren abrir una nueva etapa. Desde VOX lo tenemos claro, como siempre: España necesita un cambio de rumbo y los españoles tienen derecho a decidirlo.
Santiago Abascal fue contundente tras conocerse la convocatoria electoral. Ha llegado el momento de que los españoles recuperen la palabra y de poner sobre la mesa los problemas que otros prefieren esconder.
Y entre esos problemas hay uno que resulta imposible ignorar: mientras el Estado sigue creciendo, los servicios que pagan los ciudadanos con sus impuestos están cada vez más tensionados.
Lo vemos en la sanidad, con listas de espera y dificultades para acceder a determinados especialistas. Lo vemos en nuestros pueblos, donde mantener servicios básicos se convierte en una lucha permanente. Lo vemos en la vivienda, en la educación y en tantos ámbitos donde las familias comprueban cada día que pagar más no significa recibir mejores servicios. La inmigración masiva ha colapsado los servicios. En España no cabe toda África.
Los españoles pagan más y, sin embargo, reciben menos. La solución no consiste en seguir aumentando el tamaño de la Administración ni en crear nuevos impuestos para financiarla. Consiste en gestionar con rigor, eliminar gasto político innecesario y dedicar los recursos públicos a lo que realmente importa.
Bajar impuestos es devolver libertad. Pero si queremos hablar de prioridades, hay otra cuestión que no puede seguir escondiéndose: nuestras fronteras.
Lo ocurrido en Ceuta demuestra que la inmigración ilegal tiene consecuencias reales. No hablamos de estadísticas ni de debates televisivos. Hablamos de presión sobre las administraciones, de seguridad y de servicios públicos que tienen una capacidad limitada.
Un Estado que no controla sus fronteras deja de cumplir una de sus funciones más básicas. Defender las fronteras españolas no es extremismo. Es sentido común. Es respetar la soberanía. Es exigir que quien entra en España lo haga de manera legal y que quien incumple las leyes tenga que responder por ello.
Y aquí es donde cobra todo su sentido la prioridad nacional. Cuando los recursos son limitados, los españoles deben ir primero. El 29 de noviembre los ciudadanos tendrán la última palabra. O seguimos por el mismo camino, o recuperamos el control de España. Reconstruiremos todo lo que han derribado.
Aroha Rochela. Vox / Andorra
Sí, tiene mucha razón cuando dice que pagamos muchos impuestos para crear nuevos puestos en la Administración. El ejemplo más claro es el de Santiago Abascal que lleva toda su vida laboral en puestos irrelevantes e innecesarios, elegido a dedo, y cobrando del erario. Para tener credibilidad hay que dar ejemplo.
D.E, tu has conseguido algo que nadie había logrado hasta ahora con tanta precisión, poner al descubierto y definir al personaje que se esconde detrás de los escritos de Cándido. Has sabido identificar sus oscuros mecanismos, sus contradicciones, su maniqueísmo y esa irritante superioridad moral desde la que reparte certificados de virtud y descalificaciones a todo el que no comulga con sus aburridas y larguísimas tesis. En eso, Torralba has demostrado una lucidez que merece reconocimiento. Lo que es, es.
Pero nadie es infalible en sus percepciones. Y con Abascal, me temo que te equivocas de medio a medio. Una cosa es criticarlo, que entra dentro de lo legítimo, y otra muy distinta negarle de antemano cualquier capacidad para gobernar y transformar España.
Me temo que no reconocerás tu error hasta que Abascal llegue a la Vicepresidencia del Gobierno y pueda demostrar con hechos lo que ahora algunos se niegan siquiera a contemplar. Quizá entonces descubras que también se puede discrepar de un político sin condenarlo de antemano.
Hasta entonces, mi reconocimiento por haber calado a Cándido como pocos, y mi discrepancia absoluta con tu juicio sobre Abascal. La lucidez no consiste en acertar siempre, sino también en saber rectificar cuando la realidad te demuestra que estabas equivocado.
La ideología neoliberal nos ha impuesto unas determinadas creencias que nos hacen ver como naturales e incuestionables, y que hay que aceptar como auténticos dogmas de fe. No son creencias articuladas en un discurso trabado y coherente. Se manifiestan en unas actitudes instintivas, más emocionales que racionales.
Una de ellas: «Los impuestos son malos». Es una aversión irreflexiva, como si el pagar impuestos fuera un expolio del Estado. Es frase repetida y asumida: «Hacienda me ha quitado 2.000 euros este año en la declaración de la renta». Es decir, que el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales lo vemos como un robo. Todo un ejemplo de falta de conciencia cívica.
Los grandes partidos repiten el mantra de que los impuestos son malos para la economía. Si se reduce la presión fiscal tendrá más dinero la gente en su bolsillo, gastará más, aumentará el consumo, crecerá la economía y se crearán puestos de trabajo.
Nadie nos dice qué bolsillos se llenarán y si el mayor consumo supondrá una mejora de la calidad de vida. Igualmente que, de acuerdo con la tesis de que los beneficios de políticas económicas favorables a los más ricos, como desgravaciones fiscales, acabarán goteando hasta las clases más desfavorecidas.
Parece ser que los ricos son ricos en interés de los pobres y que gravar en exceso sus rentas nos perjudicará a todos. Vista la situación actual de injusticia y desigualdades crecientes, la teoría del goteo hacia abajo es un auténtico fraude.
El Papa Francisco lo señaló en su Exhortación pontifical Evangelii Gaudium: «Algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo.
Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos esperan».
¿Qué es lo que se esconde tras ese afán de desprestigiar y reducir los impuestos? Muy claro, reducir lo público y allá donde el Estado mengua crecen las oportunidades de negocio privado. Deteriorar la educación y la sanidad públicas es oportunidad de lucro para la iniciativa privada.
Reducir las pensiones, negocio a los fondos privados de pensiones. ¿Qué significa privatización? La privatización le quita al Estado la capacidad y la responsabilidad para reparar y mejorar las condiciones de la gente; elimina también la responsabilidad de la conciencia de sus conciudadanos, al desvincularse de los problemas comunes.
Lo único que queda es la caridad. Pero esta es una respuesta inadecuada ante tanta desigualdad e injusticia. De manera que aunque la privatización tuviera el éxito económico que se le atribuye (por cierto, dudoso), sigue siendo una catástrofe moral. No hay democracia auténtica sin impuestos.
Sorprende que a muchos ciudadanos se les olviden las funciones de los impuestos. Es el principal instrumento de los Estados para redistribuir la riqueza y paliar las injusticias. Sin una política impositiva progresiva y redistribuidora es imposible garantizar la igualdad de oportunidades. La ideología neoliberal hace muy bien su trabajo.
La izquierda en lugar de preocuparse por inventarse nuevas banderas en reemplazo de la igualdad, debería conservar ese estandarte. La lucha por la igualdad es irrenunciable. De ahí que no sea de recibo para una izquierda, de verdad, aplicar las mismas políticas que la derecha en materia fiscal.
Termino con recordatorio de nuestra Constitución, especialmente a los ‘constitucionalistas’. Es muy claro su artículo 31.1. «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».
Cándido vuelve con su interminable homilía sobre los impuestos, la redistribución de la riqueza y la malvada ideología neoliberal. Mucho sermón sobre los ricos, pero ni una palabra sobre los escándalos que salpican a los suyos.
Hablemos de nombres, Cándido. Ábalos y Koldo, condenados por el Supremo a penas de 24 años y tres meses y 19 años y ocho meses. El hermanísimo, David Sánchez, bajo procedimiento judicial por su contratación en la Diputación de Badajoz. Begoña Gómez, esposa del presidente, inmersa en una causa judicial por presuntos delitos. Y todo ello en un contexto de escándalos, enchufismo y sospechas que exigiría, como mínimo, una indignación proporcional a la que usted reserva para sus adversarios.
¿Dónde está su fervor por la justicia social cuando quienes administran el dinero de todos aparecen envueltos en semejantes asuntos? ¿Por qué la corrupción ajena merece sus encendidas condenas y la de los suyos apenas le inspira un párrafo?
Podemos discutir cuánto debemos pagar de impuestos y cómo redistribuir la riqueza. Pero hay una cuestión previa que usted parece olvidar. **Cuando quienes administran el dinero público son corruptos, despilfarradores o utilizan el poder para medrar, el problema no es la fiscalidad, sino quienes saquean la confianza de los ciudadanos.**
La conciencia cívica que tanto predica empieza por exigir honradez a los propios, no por impartir lecciones a los demás. Porque la justicia social no consiste en recaudar cada vez más para que algunos hagan un uso presuntamente delictivo o abusivo del poder.
**Menos homilías sobre el artículo 31 de la Constitución y más exigencia de responsabilidades a los suyos, Cándido.** La superioridad moral de salón no limpia la corrupción ni devuelve el dinero al contribuyente.