Mucho se esta hablando por los medios de comunicación sobre la mal llamada amnistía fiscal que realmente es una Declaración Tributaria Especial (DTE) y conviene dejar algunas aclaraciones al respecto.

El Gobierno utilizó la fórmula del Decreto Ley porque entendió que la situación de emergencia económica que atravesaba el país, con una caída en los ingresos del orden de 70.000 millones de euros, requería de medidas urgentes para tratar de recuperar la recaudación y para poner bajo el control de la Agencia Tributaria bienes que se encontraban ocultos y que no pagaban impuestos.

El Gobierno actuó pensando en el interés general de España. No hay que olvidar que en 2012 el país estaba en riesgo de entrar en bancarrota, que numerosas instancias pedían el rescate de nuestra economía y que era necesario dar una respuesta rápida.Por esa situación de emergencia, en este y en otros casos, se utilizó la figura del Decreto Ley.

En España, gobiernos socialistas aprobaron dos auténticas amnistías fiscales en 1984 y en 1991.

La amnistías fiscal del 1991 ofrecía tres posibiliades. Primero; canje de Letras del Tesoro por una emisión de Deuda Pública Especial: toda la parte de la regularización que se acogió a inversión en deuda pública era oculta para la Hacienda Pública. Se estima que más del 67% de los patrimonios aflorados eran opacos, no se incorporaron al circuito tributario. Segundo; se excluían intereses, recargos o sanciones. Y tercero; La tributación efectiva no alcanzó el 3%.

Sin embargo, esta Declaración tributaria Especial (DTE) se diferencian principalmente en que contribuyó a inyectar liquidez en nuestra economía; que en que permitió en un año tan difícil recaudar unos 1.200 millones euros que sirvieron para reducir el déficit público; y en que contribuyó a la consolidación fiscal presente y futura.

Aún más importante es que sirvió para aflorar y reintroducir en el circuito legal un patrimonio oculto más de 40.000 millones de euros, equivalente al 4% de PIB. Ahora esos 40.000 millones tributan. De no haberse aprobado la DTE, ese patrimonio seguiría oculto y no tributaría en España.

Con este termino definido como DTE se pretendía que a través de la DTE un importante volumen de bienes y activos que durante años permanecieron ocultos a la Hacienda Pública, pudieron aflorar y pasar a tributar en ejercicios posteriores.