El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 13 de octubre en el Congreso de los Diputados, sobre la inminente aplicación de las ayudas al funcionamiento para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, generó no poca expectación y alegría, ya que todos entendíamos que, a partir de ahora, todas las empresas de nuestra provincia verían cómo sus costes laborales se reducirían hasta en un 20%. Una medida que supondría una inmejorable ayuda para el mantenimiento y la creación de empleo, y también una importante herramienta para la lucha contra la despoblación.

Esa alegría y esperanza manifestadas por el conjunto de la sociedad turolense se ha ido transformando en enfado, desilusión y en un profundo sentimiento de que, una vez más, nos han tomado el pelo a los habitantes de esta provincia. Conforme conocíamos la letra pequeña de los planes del Ejecutivo central hemos visto que de lo anunciado a la realidad hay una distancia muy importante.

¿Alguien puede entender que Europa nos autorice a poner en marcha una herramienta fundamental para la lucha contra la despoblación, como son las ayudas al funcionamiento de las empresas, que iban a permitir reducir los costes laborales hasta un 20%, y que el Gobierno deje fuera a los autónomos? Ahora hemos conocido que van a instaurar una cuota reducida para los nuevos, pero siguen dejando de lado a un importante número de trabajadores de la provincia. Algo a todas luces insuficiente.

No contentos con eso, solo quieren que se aplique en los contratos indefinidos y, además, en lugar de implementarlo sobre el total de los costes salariales, lo hacen únicamente en las contingencias comunes. Unos requisitos que se suman a si la población tiene más o menos de 1.000 habitantes. Dependiendo de todos estos requisitos podemos hablar de bonificaciones que oscilen entre el 5%, el 15% o el 20%, aunque las mayoritarias son las de la cantidad más reducida.

Seguro que con un ejemplo lo entenderán mejor. Aquel trabajador cuyo salario bruto asciende a 1.900 euros, su salario neto es de 1.541 euros, los costes por contingencias comunes 494 euros y la Seguridad Social 544 euros. El coste para la empresa es de 2.445 euros mensuales, lo que resulta un total anual de 33.150 euros al año si tienen 14 pagas. Ese trabajador tendrá un ahorro de 24,7 euros al mes si ya estaba trabajando en esa empresa, 74,1 euros si le formalizan un contrato indefinido y la empresa está en un municipio de más de 1.000 habitantes; o 98,8 euros si lo hace en una localidad que no alcanza el millar de vecinos.

Los fríos datos no engañan y hablan bien a las claras de la incidencia que tiene esa medida anunciada a bombo y platillo por el Gobierno central. Se quedan muy lejos de las posibilidades que marca la Unión Europea y, sobre todo, han acabado con la ilusión de un buen número de turolenses que veían en las ayudas al funcionamiento una posibilidad real de poderse quedar a vivir en nuestra provincia, emprender y formar una familia. Hoy ese objetivo está más lejos.

¿Alguien cree que alguna empresa vendrá a nuestra provincia por esas ínfimas ayudas? Yo personalmente creo que no. Pero aun están a tiempo de cambiar y aplicar este mecanismo de oportunidad para Teruel de una manera que sea realmente provechosa y beneficiosa para nuestro territorio. El objetivo debe ser claro y no se puede renunciar a él: que las empresas vean en nuestros municipios el lugar ideal para implantarse porque disponen de unas ventajas significativas que hacen imposible renunciar a ellas.
De ello puede depender el futuro de nuestra provincia.

Carlos Boné. Alcalde de Valderrobres