Teruel, Soria y Cuenca llevan años luchando contra un enemigo silencioso pero devastador: la despoblación. No hablamos solo de números o estadísticas, sino de pueblos que se apagan, de escuelas que cierran, de proyectos vitales que no encuentran relevo. Frente a esta realidad, la Unión Europea reconoció en 2021 la gravedad de la situación y autorizó la aplicación de ayudas al funcionamiento de hasta el 20% para las empresas radicadas en territorios con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Un gesto histórico, pensado precisamente para ofrecer a provincias como Teruel una herramienta real para competir, crecer y generar empleo.

Sin embargo, lo que podría haber sido un punto de inflexión se ha convertido en otro ejemplo más de desidia política. El Gobierno de España, en lugar de aplicar el 20% permitido, ha decidido limitar estas ayudas a tan solo un 1,5%, reduciendo a la mínima expresión una medida que podría haber transformado nuestro futuro. Es difícil entender semejante falta de ambición. No se trata de pedir privilegios, sino de reclamar justicia territorial. La Unión Europea abrió la puerta; el Gobierno español ha decidido mantenerla casi cerrada.

En Teruel, sabemos bien lo que significa la falta de oportunidades. Somos una provincia con talento, con recursos naturales, con empresas valientes que siguen apostando por quedarse, pero que cada día compiten en clara desventaja respecto a otros territorios. Los costes de transporte, la distancia a los grandes mercados, la carencia de infraestructuras o la dificultad para atraer y retener mano de obra cualificada son barreras que encarecen la actividad económica. Las ayudas al funcionamiento, bien aplicadas, no son un capricho: son un mecanismo de compensación, una palanca para equilibrar el terreno de juego.

Con un 20% de reducción de costes laborales y sociales, nuestras empresas podrían ser mucho más competitivas. Podrían aumentar salarios, atraer talento y generar nuevos proyectos. Se abriría la posibilidad de que jóvenes que hoy emigran por falta de oportunidades regresaran a sus pueblos con trabajos dignos y estables. Teruel podría convertirse, por fin, en un lugar atractivo para invertir y para vivir. Pero con un mísero 1,5%, todo eso se desvanece.

El pasado lunes, las asociaciones empresariales de Teruel convocaron una concentración para exigir la aplicación íntegra de estas ayudas. A la cita acudieron numerosos representantes sociales y políticos, excepto el Partido Socialista, que decidió no asistir. En la reunión previa, en la que sí participaron todos los grupos a excepción de Sumar e Izquierda Unida, el secretario provincial del PSOE, Rafael Guía, no solo se negó a defender el incremento hasta el 20%, sino que además respaldó la postura del Gobierno, y lo hizo sin argumentos claros ni convincentes, con explicaciones tan pobres que ni él mismo parecía creerlas.

Frente a esta actitud, el Partido Popular, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido en reiteradas ocasiones a aplicar el máximo del 20% cuando gobierne, entendiendo que esta medida es esencial para la competitividad y la supervivencia de territorios como el nuestro. Esa es la dirección que necesitamos: valentía, decisión y compromiso real con la España interior.

El Gobierno central no puede seguir tratando a la «España vaciada» como un eslogan electoral. Las decisiones reales se miden en hechos, y aquí los hechos son contundentes: se está desperdiciando una oportunidad histórica. Mientras otros países europeos aprovechan plenamente las herramientas que Bruselas les ofrece, España vuelve a mirar hacia otro lado, condenando a territorios enteros al estancamiento.

Teruel no pide limosnas. Pide coherencia, visión y compromiso. Si de verdad queremos revertir la despoblación, hay que actuar con valentía. Las ayudas al funcionamiento no son un parche, son una estrategia de futuro. Y ese futuro pasa por aplicar el máximo permitido del 20%. No por conformarse con las migajas del 1,5%.

Porque cada punto porcentual perdido es una empresa menos, una familia menos, un aula vacía más. Y cada decisión cobarde que se tome en los despachos de Madrid aleja un poco más la posibilidad de que Teruel siga vivo.

Carlos Boné. Alcalde de Valderrobres y senador por Teruel del Partido Popular.