Hace unos días tuve la oportunidad de participar en el Congreso de Jóvenes Socialistas en Teruel. Allí compartimos una reflexión que me parece urgente trasladar a nuestras plazas, a nuestros cafés y a estas páginas: el estado de salud de nuestra democracia frente a la creciente polarización política.

Escribo desde tres facetas que definen mi día a día: como alcaldesa de Albalate del Arzobispo, como diputada provincial y como abogada. Tres ámbitos distintos que me han enseñado algo fundamental: la política y el Derecho solo son útiles cuando existe respeto por quien piensa distinto.

Vivimos tiempos en los que el grito parece haber sustituido a la palabra. Hemos sustituido el debate de las ideas por el enfrentamiento permanente. Se discute menos sobre proyectos y más sobre titulares; menos sobre soluciones y más sobre cómo desacreditar al de enfrente. Y esto, que a veces parece algo lejano que ocurre solo en la capital, termina calando irremediablemente en nuestra sociedad.

Como alcaldesa de un municipio como Albalate, cuando un vecino o vecina viene al Ayuntamiento porque hay que arreglar una calle, mejorar el alumbrado público o trasladar una petición, no pregunta si el gobierno es de izquierdas o de derechas. Lo que quiere es que su problema se resuelva. La política útil, la que de verdad importa, consiste precisamente en resolver problemas, no en alimentar la crispación.

La discrepancia es la esencia de la democracia, pero el peligro real surge cuando dejamos de escuchar al otro porque hemos decidido, de antemano, que no merece la pena ser escuchado. Cuando el adversario deja de ser un «rival» para convertirse en un enemigo, la convivencia se resiente. Me preocupa especialmente la radicalización social, alimentada por discursos repletos de odio, resultando la antítesis de los valores de libertad e igualdad.

Como abogada, también me preocupa la salud de nuestras instituciones. Estamos viendo cómo cualquier resolución judicial genera una tormenta de opiniones en redes sociales antes incluso de que nadie haya leído una sola línea de la sentencia o el auto. Se puede discrepar de una decisión judicial —faltaría más, para eso existen los recursos y la crítica jurídica; además, el Derecho no es una ciencia exacta—, pero deslegitimar sistemáticamente a la Justicia es debilitar la propia democracia.

En este sentido, también es vital respetar el procedimiento judicial y sus tiempos y, por encima de todo, el derecho fundamental a la presunción de inocencia. No podemos permitir que el ruido mediático suplante al rigor de la ley. Solo una sentencia firme es capaz de enervar ese derecho fundamental.

Hoy, una noticia recorre el país en segundos, pero la rapidez no puede sustituir el rigor. No podemos construir nuestra opinión sobre un «corte» de diez segundos en Instagram/TikTok o un titular sesgado. La democracia necesita ciudadanos informados, no ciudadanos permanentemente indignados.

Celia Trullén. PSOE / Albalate del Arzobispo