Escribíamos hace dos semanas que España es un circo. Las palabras de Sánchez en el Congreso sobre la visita del Rey a Ceuta lo corroboran. Buscando protagonismo, queriendo ser jefe de pista, se equivoca de fechas y, sobre todo, no deja claro que quien pone cortapisas a esa visita es él mismo, amparado en sus prerrogativas. Puro cinismo.
No es un detalle menor. Cuando el jefe del Estado no puede ejercer con normalidad su función simbólica en una parte del territorio nacional, el mensaje que se proyecta hacia fuera y hacia dentro es de debilidad.
Y en Ceuta ha ocurrido algo extraordinario y muy peligroso. Se ha vulnerado la frontera española y, por tanto, la frontera europea, por una avalancha humana de desesperados manipulados con fines desestabilizadores. Y el Gobierno de España no ha respondido como hubiera sido necesario.
Cabe preguntarse si fue por miedo, por cobardía, por ineficacia o por falta de previsión y de información.
No estamos ante un hecho espontáneo. Es una provocación en forma de avalancha humana. Algo muy parecido a una invasión programada, sabiendo que iba a ocasionar una crisis humanitaria imposible de resolver en horas y fácil de reprochar después en todos los foros.
Pero Ceuta es una de las puertas más vulnerables para la entrada en España. Y es evidente que Marruecos, que tiene en su haber actos semejantes en el pasado, la ha utilizado para desestabilizar al Estado español, precisamente en un momento en el que el Gobierno vive en la dependencia parlamentaria de partidos independentistas y de extrema izquierda, para los que el sentimiento patriótico, en su acepción más elemental de defensa del territorio y de la ciudadanía, cuenta muy poco.
Esa es la clave. Ceuta no es una anécdota lejana. Lo que pasa allí nos interpela a todos.
Porque la inestabilidad de Ceuta se puede reproducir mañana en la península si los migrantes llegan a nuestros pueblos y ciudades sin orden ni control, sin contrato de trabajo, sin planificación y de improviso.
Sin una política de Estado clara, la solidaridad se convierte en improvisación y la improvisación acaba generando rechazo.
Caspe puede tomarse como ejemplo de ello. Lo conocemos bien. Hemos vivido en los últimos años la llegada de tres oleadas distintas de migrantes: marroquís, pakistanís y nepalís, además de rumanos y de otras procedencias de África y Centroeuropa.
Y Caspe los ha podido asimilar, aunque sea cambiando la Calle Baja de calle comercial a una "calle con pisos y locales dormitorio".
Los ha asimilado a base de buena voluntad, de trabajo compartido en el campo y en los servicios, de convivencia en las calles, en las escuelas y en el deporte. Y también porque no se llegaron a desbordar las posibilidades reales de acogida.
Hubo tiempo y hubo espacios para integrar, aunque sea en precario.
Esa es la diferencia entre un modelo que funciona y uno que fracasa. No se trata de cerrar puertas, sino de no rebasar las posibilidades de acogida y de asimilación social.
De poner orden, contrato y control donde ahora hay improvisación.
Solo así podremos hacer creíble y posible el lema que luce en el cartel del Club Deportivo Caspe y que muchos sentimos como propio: "Aquí cabemos todos".
La muestra de solidaridad de las comunidades autónomas del PP para acoger a los menores es impresionante. Todo un ejemplo de sentido patriótico. Como sabemos el PP defiende la Constitución, de ahí la solidaridad mencionada. Tengo la costumbre de leer y reflexionar sobre nuestra Constitución. Esta adoptó una fórmula descentralizada en el reparto del poder político, bajo la denominación de Estado de las Autonomías. La decisión del constituyente español se expresa en el artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
De lo dispuesto en el precepto constitucional, del artículo 2º de nuestra Carta Magna, anteriormente citado, debemos deducir tres elementos fundamentales en la vertebración política de nuestro país: la unidad del Estado español principio de unidad, la descentralización del poder político en unidades territoriales subcentrales principio de autonomía y la exigencia de un comportamiento solidario entre nacionalidades y regiones principio de solidaridad. El artículo citado refleja la convivencia de dos tendencias opuestas en el ordenamiento constitucional: la disgregadora que se acoge al derecho de autonomía y la unitaria que pretende la pervivencia del Estado español como entidad jurídica. En este contexto, la proclamación constitucional del principio de solidaridad es la clave de bóveda de la nueva estructura territorial que se adopta: sin solidaridad no sería posible la convivencia entre los diversos territorios que integran el Estado español, habida cuenta de los desequilibrios económicos y la diversidad cultural. Así pues, la solidaridad es el principio de articulación que permite la integración de los intereses particulares a los que atiende el principio de autonomía y los intereses generales contemplados en el principio de unidad del Estado.