Hay palabras que suenan técnicas, pero esconden decisiones profundamente políticas: «Reordenación», «optimización», «eficiencia». Todas ellas sirven ahora para justificar lo que, en realidad, no es otra cosa que un paso más en la ya crónica desvertebración del territorio. Esta vez les toca a las oficinas liquidadoras, un servicio silencioso pero esencial que desaparecerá, curiosamente, allí donde más falta hace.

Porque conviene empezar por una obviedad que, sin embargo, parece olvidarse con facilidad: en las capitales no existen oficinas liquidadoras. Allí la gestión la asume directamente la administración autonómica. Es decir, este «ajuste» no afecta a quien vive en la ciudad, con múltiples alternativas, mejor acceso y más recursos. No. Afecta, como casi siempre, al medio rural. A población envejecida, dispersa y con dificultades de desplazamiento que ahora verá cómo pierde otro servicio de proximidad.

Y no se trata de un servicio menor. La oficina liquidadora no solo tramita documentos: asesora, orienta y, sobre todo, aporta seguridad. Seguridad de que los cálculos son correctos, de que los trámites se hacen bien, de que alguien cercano —y además, sin coste económico— está ahí para evitar errores que pueden salir caros. Su desaparición no deja un vacío neutro; deja un hueco que solo puede llenarse recurriendo a gestorías privadas pagando cifras que pueden oscilar entre los 200 y 300 euros para cualquier trámite. Y ni siquiera con la certeza de que el resultado será mejor.

El modelo alternativo propuesto roza lo caricaturesco: un buzón de entrada en oficinas delegadas y OCAs. Entregar papeles, sí. Resolver dudas, no. Corregir errores, tampoco. Si surge un problema —y surgirán— la solución será tan sencilla como desplazarse a la capital de provincia. Un plan impecable… siempre que se ignore la realidad de quien tiene dificultades para viajar, depende de terceros o simplemente no puede permitirse perder una mañana entera para resolver un trámite.

Todo ello se presenta bajo el envoltorio de un supuesto ahorro y de la «recuperación» de competencias delegadas en entidades privadas. Pero conviene no engañarse: el ahorro existe, sí, pero no por hacer más eficiente el servicio, sino por dejar de prestarlo. Es una lógica que funciona de maravilla sobre el papel, aunque sus consecuencias se midan en kilómetros.

Y, como en toda buena historia política, no falta la dosis de incoherencia. Resulta llamativo observar cómo algunos partidos, especialmente PP y VOX, adoptan posturas distintas según la institución en la que se encuentren: abstención aquí, voto en contra allá. Una coreografía parlamentaria que revela lo evidente: saben que la medida es difícil de defender. Porque, por muchas vueltas que se le dé, el resultado es el mismo: menos servicios, menos cercanía y, en definitiva, menos igualdad.

Jorge Santafé. Teruel Existe / Alcañiz