La huelga educativa en Aragón no es solo una protesta sectorial y, concretamente, en el Bajo Aragón Histórico interpela directamente al futuro del territorio. Aquí, donde las distancias condicionan la vida diaria y la oferta educativa no puede compararse con la de una gran ciudad, la escuela pública es mucho más que una opción; supone la columna vertebral de la igualdad.
El IES Bajo Aragón de Alcañiz, con más de mil alumnos y considerado el instituto más grande de Aragón, refleja bien la dimensión del reto. Supone una infraestructura educativa esencial para cientos de familias de la comarca. Sus problemas (ratios elevadas, espacios deteriorados, necesidades de personal, bajas que tardan en cubrirse o falta de recursos suficientes) no son simples incidencias administrativas. Afectan al aprendizaje, a la convivencia y a la capacidad de nuestros jóvenes para formarse sin tener que marcharse antes de tiempo.
La huelga llega a toda la comunidad educativa aragonesa, pero en el medio rural adquiere un significado particular. Cuando un servicio público se debilita aquí, las consecuencias son más profundas. Se reducen oportunidades, se agrandan desigualdades y se pone en riesgo la vida de los pueblos.
La libertad de elección de centro es un principio legítimo y debe respetarse. Pero para que sea una libertad real, primero debe existir una red pública fuerte, cercana y dignamente financiada. La concertada puede tener su espacio dentro del sistema, pero la prioridad de la Administración debe ser resolver antes las carencias estructurales de la pública, especialmente allí donde es la única garantía efectiva para muchas familias.
El Bajo Aragón no pide privilegios. Urge equilibrio, planificación y sensibilidad territorial. Invertir en educación pública es apostar por cohesión, arraigo y futuro. En el caso de nuestro territorio, con menor oferta concertada y ninguna en el caso del segundo ciclo de bachillerato, mejorar la pública implica defender la igualdad de oportunidades.
Editorial
