No celebrábamos como cada 6 de diciembre, el día en que los españoles pudimos votar en referéndum la ratificación de la norma suprema del ordenamiento jurídico español que nos rige hasta la fecha, la Constitución. Ésta culminó la transición hacia la democracia; supuso la puesta en práctica del entendimiento y del consenso entre diferentes poderes, con intereses en muchas materias opuestos, en pos del más elevado interés: el bien común.
De aquel final de 1978 hasta hoy, han pasado ya 47 años, y si bien el texto normativo debiera actualizarse con una visión más moderna, estable y eficiente, el consenso que supuso su aprobación, y que sería requerido hoy en día para su actualización, hacen inviable tan siquiera plantearlo en una sociedad política, y por ende social, que cada vez representa más lo opuesto a estos valores.
Sobran ejemplos desde nuestras inmediaciones; gobiernos municipales, comarcales, autonómicos y estatales que no pierden tiempo alguno en adecuar sus propuestas de gobierno a lo que una amplia mayoría considere más adecuado, buscando el equilibrio y la virtud del punto medio más amplio. Para ellos se trata de trabajar en clave de puro electoralismo, tomando decisiones con el único objetivo de perpetuarse en el poder, acabando con los rivales políticos y sin disposición a escuchar voz disidente alguna, acallando e imponiendo su dictado (cuando gozan de mayoría suficiente para ello), pretendiendo vencer siempre antes que convencer.
Para los firmes defensores de la democracia y la libertad, siempre nos quedará la frase que se le atribuye a Voltaire: No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo, aunque la polarización que vivimos hoy pretenda justo lo contrario.
Cristian Poblador. Somos Caspe
