El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles declarar como Inversión de Interés Autonómico (DIIA) el proyecto de construcción de tres plantas de gestión de residuos orgánicos para la producción de gas renovable (biometano) en los municipios de Caspe, La Puebla de Híjar y Fraga, promovido por las sociedades BDP Bioenergy VIII S.L., BDP Bioenergy IX S.L. y BDP Bioenergy XII S.L., integradas en el grupo empresarial ABEI Energy.
La actuación prevé una inversión global de 58,7 millones de euros y permitirá la puesta en marcha de tres instalaciones destinadas a valorizar residuos, procedentes principalmente de la actividad ganadera y agroalimentaria al transformarlos en biometano, un gas renovable plenamente compatible con las infraestructuras de gas natural existentes. El conjunto de las tres plantas tendrá capacidad para tratar 537.000 toneladas anuales de residuos orgánicos.
Una inversión de 58,7 millones en las tres provincias de la comunidad
Las tres plantas, ubicadas en las localidades de Caspe, La Puebla de Híjar y Fraga, supondrán una inversión conjunta de 58,72 millones de euros —19,99 millones en Caspe, 19,02 millones en La Puebla de Híjar y 19,70 millones en Fraga—. Cerca del 90% de la inversión se ejecutará entre 2026 y 2028, con la puesta en funcionamiento prevista para junio de 2028 en Caspe, agosto de 2028 en La Puebla de Híjar y octubre de 2028 en Fraga.
El proyecto generará además un importante impacto económico y laboral en el territorio, con la creación de unos 180 empleos directos durante la fase de construcción y 48 puestos de trabajo estables una vez entren en funcionamiento las plantas, a los que se sumarán alrededor de 90 empleos indirectos vinculados a actividades auxiliares como transporte, mantenimiento, logística y servicios especializados.
En conjunto, los estudios incorporados al expediente estiman que la iniciativa podría alcanzar un impacto total de hasta 462 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante las fases de construcción y operación.
Declaración de inversión de interés autonómico
La declaración de inversión de interés autonómico reconoce la especial relevancia económica, social y territorial del proyecto para Aragón y permitirá agilizar su tramitación administrativa mediante el impulso preferente y urgente de todos los procedimientos vinculados a su desarrollo, sin menoscabo del cumplimiento de todas las autorizaciones y requisitos legales exigibles.
Con esta declaración, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por proyectos vinculados a la transición energética, la economía circular y la valorización de recursos locales, impulsando nuevas inversiones industriales, la creación de empleo y la actividad económica en el medio rural de las tres provincias aragonesas.
Hay una pregunta que estaría bien hacer antes de sacar pecho con las 537.000 toneladas de residuos que pretenden tratar estas tres plantas.
¿A qué distancia van a ir a buscar la basura?
Porque si no hay un límite razonable estipulado y obligado, estupendo. Nos convertirán las comarcas en el vertedero logístico, trayendo durante años toneladas y toneladas de residuos desde decenas de kilómetros para alimentar unas macroplantas que, por lo visto, funcionan solas.
Y si sí hay un límite razonable estipulado y obligado, entonces tenemos la otra solución brillante. Concentremos dentro de ese radio las macrogranjas necesarias para producir la montaña de mierda que necesitan las plantas.
Es decir, o traemos la basura de lejos, o ponemos las fábricas de basura al lado.
Y después lo envolvemos todo en papel de regalo y lo llamamos «economía circular», «recursos locales» y «transición energética».
Lo que no es circular es la lógica. La basura entra por un lado, el negocio sale por otro y el territorio se queda con la factura.
Estás instalaciones, qué beneficios nos aporta?
Nos va a suponer algún descuento en el recibo de la luz por tener que soportar las molestias que ocasionan?
Quizás hay que dividir la cantidad de puestos de trabajo entre los tres centros y pensar si realmente estos puestos de trabajo es de personas que vivirán o viven en el territorio o irán directamente desde Zaragoza al igual que otros trabajadores aumentando el trafico y el riesgo de nuestra querida N232 que actualmente pasa por el centro de varios pueblos.
En proyectos como el de Azaila se indica que van a pasar 30 vehículos más al día de (KK) y que no son significativos según el proyecto, pero si sumamos los de todos los proyectos es mucho camión de KK pasando por nuestros pueblos y aumentando el riesgo en carretera.
Eso va a afectar a la gente que vivimos en el territorio y más a los que vivimos en la N232, los del fin de semana pueden estar tranquilos.
En otros territorios hay una fuerte oposición a estos proyectos, aquí evidentemente nos van a meter el pack completo, biogas, DataCenters, renovables, etc.
Pagar para que nos traigan mierda para producir algo de gas. Magnífico.
Yo sigo reclamando la opinión popular vinculante, o sea, un referéndum, para decidir el estilo de vida que queremos, pero los políticos siempre son temerosos de este tipo de consultas: por qué?… la imaginación es libre
Totalmente de acuerdo. Si los políticos son demócratas, no debería darles ningún miedo preguntarle directamente al pueblo y aceptar el resultado. Pero, claro, un referéndum vinculante tiene una pequeña pega para quien está acostumbrado a decidir por el pueblo sin tener que preguntarle. ¿Por qué será? La imaginación, efectivamente, es libre.