Gobernar desde un municipio pequeño es una labor apasionante, pero también compleja. En los pueblos, donde la cercanía con los vecinos/as es uno de nuestros mayores valores, nos encontramos diariamente con grandes retos para prestar servicios de calidad, mantener infraestructuras, cuidar nuestro entorno y mirar hacia el futuro con proyectos de desarrollo. Pero todo ello debe hacerse, en demasiadas ocasiones, con recursos muy limitados y con un reparto de la financiación que no siempre responde a criterios equitativos ni realistas.

La realidad de los municipios pequeños, como en el caso de nuestra comarca del Bajo Martín, es que el peso del municipalismo recae sobre unas espaldas que, aunque fuertes, no siempre tienen el respaldo necesario para sostener la carga. No se trata solo de voluntad política, ni de implicación —que sobra—, sino de una cuestión de estructura: la financiación local lleva años sin una reforma profunda y justa. Los Ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano, pero también la más olvidada en los repartos presupuestarios y la que más sufre con la burocracia y los plazos inadecuados.

Un ejemplo claro y doloroso de esta situación lo vivimos recientemente en nuestro Ayuntamiento. El 18 de octubre de 2024 se publicó una convocatoria de subvenciones para la mejora y modernización de áreas industriales por el Gobierno de Aragón. Presentamos, en tiempo y forma, una ambiciosa propuesta para ampliar nuestro polígono industrial, con una inversión total de 575.000 euros, de los cuales 200.000 estaban subvencionados. La resolución provisional llegó el 25 de noviembre. La definitiva, el 20 de diciembre. Y, para nuestra sorpresa, el plazo para ejecutar la obra y justificar el gasto finalizaba apenas once días después, el 31 de diciembre.

Cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de una administración local sabe que resulta materialmente imposible ejecutar una obra de tal magnitud —con trámites, contratos, licencias y ejecución técnica— en menos de dos semanas, resulta una verdadera utopía. Solicitamos una prórroga, incluso acudiendo personalmente al Gobierno de Aragón, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. El resultado: un proyecto clave para el desarrollo industrial de Albalate, bloqueado y anulado por una mala planificación totalmente ajena a nuestro control.

¿De qué sirve que los Ayuntamientos planifiquemos proyectos serios y comprometamos gran parte de nuestros recursos si después se nos imponen plazos irreales? Este tipo de situaciones no solo frustran la gestión local, sino que restan credibilidad al sistema de ayudas públicas. Y, lo más grave, priva a nuestra gente de mejoras necesarias para su calidad de vida y su futuro.

La raíz del problema es estructural. Los municipios pequeños no partimos de la misma línea de salida que las grandes urbes. Necesitamos convocatorias adaptadas a nuestra realidad, plazos realistas, asesoramiento técnico y una financiación estable que no dependa solo de subvenciones puntuales y partidistas, muchas veces arbitrarias o mal calendarizadas.

Es nuestra obligación defender el valor del municipalismo y la necesidad de una gestión pública que entienda nuestras singularidades. Porque una buena organización y coordinación entre administraciones no solo facilita la vida de los equipos de gobierno locales, sino que garantiza una mejor respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas.

Reivindicar una financiación justa, ágil y adaptada no es una petición corporativa, es una demanda legítima para que los pequeños municipios no se queden atrás. Y es también una apuesta por el futuro del medio rural, que solo podrá construirse desde el respeto y el apoyo decidido a quienes lo sostenemos desde el primer nivel de la administración: los Ayuntamientos.

Celia Trullén. PSOE, Alcaldesa de Albalate del Arzobispo