Desde hace ya tres cursos, en el IES Bajo Aragón vivimos con una realidad que ya no puede calificarse de excepcional: las sustituciones de las bajas de larga duración del profesorado, especialmente en el departamento de Matemáticas, llegan tarde, mal o, en demasiadas ocasiones, no llegan. Cuando se cubren, lo hacen tras semanas —dos como mínimo— en las que el alumnado permanece sin su profesor o con soluciones improvisadas. Cuando no se cubren, el vacío se normaliza. Y eso, en educación, es profundamente peligroso.

La asignatura de matemáticas tiene un carácter lineal y acumulativo: lo que no se aprende hoy condiciona lo que se podrá aprender mañana. Cada semana sin docente no es solo una clase perdida, es una brecha curricular que se agranda con el paso del tiempo. Y este curso ya hemos vivido esta situación en tres ocasiones. No hablamos de una anécdota, sino de un problema estructural que va claramente en aumento.

Ante esta falta de respuesta, algunas profesoras del propio departamento de Matemáticas han asumido horas lectivas adicionales en su tiempo libre. No por obligación, sino por compromiso. Compromiso con su alumnado y con la educación pública. Es un gesto admirable, pero también profundamente injusto.

La calidad del sistema educativo no puede depender del sacrificio personal y silencioso de quienes lo sostienen a pulso.

La solución, conviene decirlo con claridad, no es sencilla. La administración educativa convoca las plazas tarde, cuando el problema ya se ha cronificado en el aula. Pero el problema de fondo es aún más grave: no hay profesores de Matemáticas suficientes. Y cuando no hay profesionales disponibles, el sistema recurre a parches. Se rebajan los requisitos para acceder a la docencia, permitiendo que personas sin la formación específica necesaria entren en las aulas. Esta medida puede aliviar momentáneamente la estadística, pero tiene un coste directo en la calidad educativa.

No se trata de señalar culpables individuales, sino de asumir responsabilidades colectivas. La falta de profesorado cualificado no surge de la nada. Es el resultado de años de precarización, de una pérdida progresiva de prestigio social y de condiciones económicas poco atractivas para una profesión que exige una alta cualificación, una actualización constante y una enorme carga emocional.

Una posible —y necesaria— vía de solución pasa por la dignificación del profesorado. De matemáticas, sí, pero también del resto de materias. Dignificación social, reconociendo públicamente la complejidad y el valor de la labor docente. Y justicia salarial, ofreciendo condiciones que hagan de la enseñanza una opción profesional atractiva y sostenible a largo plazo.

Como sociedad, debemos entender que la educación de nuestros hijos no es un gasto, sino una inversión. Un pilar básico sobre el que se construye el futuro colectivo. Defender la educación pública es defender la igualdad de oportunidades, el pensamiento crítico y el progreso. Y esa defensa no puede quedarse solo en discursos: exige decisiones valientes, planificación y recursos.

Porque la educación no puede seguir sosteniéndose mediante arreglos temporales. Y porque nuestros alumnos no pueden permitirse seguir perdiendo tiempo, aprendizaje y oportunidades. Por ellos, merece la pena luchar.

Marta Andreu Lorente. Profesora de Matemáticas IES Bajo Aragón. Correo del Lector