Los datos nos dan de bruces contra una realidad: la provincia de Teruel está cada vez peor con las recetas que se han aplicado en los últimos 100 años. Llevamos mucho tiempo que los criterios, las normativas, los procedimientos, la economía y todo lo vinculado con el desarrollo rural no han dado resultado: es necesario cambiar de manera drástica todo lo anterior, para ver si, con otros procesos diferentes, Teruel es capaz de invertir una tendencia totalmente negativa en la economía, el empleo y la demografía.

Nuestro territorio tiene y ha tenido muchos recursos autóctonos (hierro, carbón, caolines, arcillas…), que en su explotación pasada y presente están repercutiendo muy poco en el PIB de la provincia. Y esto es así porque hemos servido sólo de mano de obra barata para extraer nuestras riquezas y la manufactura y el valor añadido de las mismas se han ido a otros territorios. Podemos afirmar que Teruel es un ejemplo de desarrollo casi mimético a los procesos de Colonialismo del siglo XIX, donde los países ricos europeos se aprovecharon de los recursos autóctonos de muchos países africanos, con beneficios de riqueza para Europa y ningún beneficio para África.

Después de esta experiencia negativa de 100 años en Teruel, y aprendiendo de los errores cometidos, es necesario que las Administraciones Públicas pongan límites, establezcan normas y condiciones, que beneficien a Teruel. Porque, ya está demostrado que la sociedad de mercado, el capitalismo, sólo responde a los intereses particulares de las empresas, de sus accionistas, y lo demás le trae sin cuidado. La provincia se debe proteger de los explotadores y esquilmadores.

Eso mismo ya está a punto de producirse, de manera negativa nuevamente, con las energías renovables. Las renovables no pueden arrasar la provincia, ni pasar por encima de las normas ambientales, ni pueden acabar con iniciativas autóctonas del territorio en agricultura, ganadería, turismo, etc. Las Administraciones Públicas tienen que poner freno a toda esta locura, estableciendo normas a la instalación y exigiendo que una parte importante del Producto Bruto se invierta en el propio territorio.

Y, también las Administraciones Públicas, tienen que asegurar que los Servicios Públicos lleguen a todo el territorio en condiciones de calidad y dignidad; porque, si no es así, es imposible que se pueda revertir el proceso de pérdida de población de Teruel. El ejemplo de la carencia de personal sanitario y médico en nuestros pueblos es lamentable e inaceptable, tal como está denunciando.. La DGA debe destinar más recursos presupuestarios y cambiar un montón de procedimientos administrativos, para asegurar la prestación de Servicios Públicos en el medio rural: es su responsabilidad.

María Milián - IU-GANAR Alcañiz