Esta pregunta puede parecer una perogrullada tal como está el tema actualmente. Si le preguntas a cualquier persona menor de 40 años, te contestará que es una cuestión vital y un grave problema que marca el devenir de sus vidas.

Sin embargo, para una pequeña parte de la población, los grandes tenedores y rentistas, la cuestión de la vivienda es un negocio que ofrece pingües beneficios. Y eso es lo más sangrante: que el problema habitacional que marca la pauta de vida de las generaciones más jóvenes, sea un jugoso negocio para unos pocos.

La vivienda debe ser un bien básico, y como tal, la especulación ha de quedar fuera de ella. El que quiera y pueda invertir, que lo haga en mejorar la industria, en I+D o en lo que sea, pero que no lo haga pensando en cómo sangrar al prójimo.

En lo que va de año, la compraventa de viviendas se ha disparado, alcanzando datos de hace 18 años, previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. A diferencia del 2007, ahora las ventas se centran en la vivienda de segunda mano, pagada a tocateja, donde solo un 40% de las compras necesitan de hipoteca, y donde solo el 18% son compras destinadas a vivienda principal de los compradores. El resto se queda para el terreno de la inversión.

Por otra parte, tenemos el índice de emancipación de los jóvenes menores de 30 años más bajo desde que hay registros: solo el 15,2% de los jóvenes son capaces de emanciparse. El resto continúa viviendo en el hogar familiar ante la imposibilidad de acceder a una vivienda, aunque se tenga un trabajo, puesto que le tienen que dedicar muchísimo más de la recomendación del 30% del salario al pago de un alquiler.

¿Qué debemos hacer para cambiar esta problemática? Desde luego, no profundizar en medidas y políticas que nos han llevado hasta este punto. Empezando por reformar una ley de Vivienda que se demostró insuficiente y garantizar su aplicación en todo el Estado. Actualmente no se aplica en ninguna comunidad gobernada por el PP.

Se debe expulsar a los fondos buitre y grandes empresas que especulan con la vivienda. Acabar con la Golden visa y limitar la compra de viviendas a extranjeros que no residan en nuestro país, así como poner coto y limitaciones a las viviendas que una única persona pudiera tener.

La acción de la administración pública también tiene que ganar protagonismo. El gasto público en vivienda tendría que aumentar al 2% del PIB para rehabilitación y construcción de nueva vivienda pública. Reformar el sistema de VPO, que estas no pierdan la condición de protegidas a los 30 años, y modificar el régimen de desgravaciones del ladrillo.

No podemos permitirnos un país a dos velocidades, necesitamos un modelo de vivienda más justo, asequible y accesible para todas las personas.

Daniel Palomo. Ganar - IU / Alcorisa