Vivimos en un estado con una elevadísima carga legislativa y con no pocos entes administrativos que regulan, de un modo u otro, el día a día de nuestra sociedad, creando en muchas ocasiones un marco complejo y confuso, lo que genera incertidumbre, provoca distorsiones y un alto nivel de cargas administrativas que desincentivan el emprendimiento.

Las empresas, al igual que los ciudadanos, debemos cumplir, como no puede ser de otro modo, con las leyes y normas que reglamentan nuestra actividad, y que en definitiva emanan de un poder legislativo que ha sido libremente designado de manera democrática por todos nosotros.

No obstante, esto no es óbice para poner de manifiesto que un exceso regulatorio, en el que los gobiernos, de uno y otro color político, se vanaglorian de la cantidad enorme de leyes y decretos que han producido, sin ninguna referencia a su grado de cumplimiento, a las duplicidades administrativas o a las continuas modificaciones sobre el marco legislativo que rige nuestra actividad diaria (motivado todo ello en gran parte por la falta de unos, más que necesarios, pactos de estado que eviten esta problemática), no garantiza precisamente una estabilidad y unas condiciones que favorezcan la actividad productiva y estimulen la inversión privada, verdadero motor de la generación de riqueza y empleo.

Al respecto, cabe recordar que el pasado año 2016 se aprobaron en nuestro país 436 normas estatales, a pesar de haberse promulgado con un Gobierno en funciones, reflejadas en 171.905 páginas del Boletín Oficial del Estado. Además, nuestra comunidad autónoma aprobó 16 normas con rango de ley (Leyes, Decretos Legislativos y Decretos Leyes), recogidas en más de 33.000 páginas del BOA y a todos estos actos legislativos hay que sumar los 1.950 que se produjeron en el plano de la Unión Europea. De todo lo anterior se desprende que lejos de promover la actividad socioeconómica, la ralentizan notablemente, teniendo en cuenta además, que la adaptación a tal variedad de exigencias, modelos, declaraciones y demás requisitos, genera un coste personal y económico elevadísimo tanto al ciudadano como, en especial, a las empresas, que se ven obligadas a destinar una parte de su personal al desarrollo de funciones distintas a las que le son propias, consumiendo parte de su valioso tiempo en tareas de cumplimentación administrativa, en lugar de destinarlo a lo que saben hacer bien, o incluso, a contratar los servicios externos de un profesional con su correspondiente coste económico.

Estamos por tanto, frente a un problema que dificulta la creación y puesta en marcha de nuevas empresas y su desarrollo agravado por los datos que aporta la OCDE al situar a España a la cola de los países (ocupa el puesto 28ºsobre un total de 32) que facilitan, burocracia y administrativamente hablando, la apertura de un negocio. Es evidente que la elevada Producción Normativa dificulta también la solicitud de ayudas y subvenciones públicas, el acceso a la contratación…, en definitiva, un maremágnum de requisitos legislativos que entorpece la consolidación económica y la creación de empleo.
Si a ello añadimos que esta legislación se lleva a cabo, en la mayoría de las ocasiones, pensando en las grandes áreas metropolitanas y en empresas de un tamaño medio y grande, nos encontramos con un problema añadido a la hora de implementarla en las pequeñas empresas del medio rural, que no pueden dar a basto en todo su cumplimiento, suponiendo de este modo una tremenda e ineludible losa para su desarrollo y crecimiento, que unido a la falta de medios con los que cuenta nuestra provincia, contribuye de un modo más que notable a perpetuar el principal problema que nos afecta, que es la despoblación.

Por todo lo anterior, no es la primera vez, ni será la última, que desde las organizaciones empresariales reclamamos una modificación regulatoria, indicando que para poder competir en una economía globalizada necesitamos contar con una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas, con el fin de aumentar la eficiencia y competitividad y elevar la seguridad jurídica.

Al mismo tiempo, y como no puede ser de otra manera, reclamamos unas normas, que en su regulación, se tenga en cuenta el tamaño de empresa y su localización geográfica.