En la Revista de Economía Crítica, nº 12, 2011, págs. 156-159, se publicó un artículo para mí impactante titulado «Delitos y crímenes económicos contra la humanidad» de Lourdes Benería y Carmen Sarasúa. Ambas de gran solvencia académica. Es claro y contundente, además de rabiosa actualidad a pesar de los 15 años transcurridos desde su publicación.

En la doctrina internacional hace tiempo que están tipificados los delitos contra la humanidad, o de lesa humanidad. Se entiende que son «diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando reúnen dos requisitos, su comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, que producen sufrimientos graves o daños físicos o mentales a las personas. Se considera que este tipo de ataques son criminales cuando se realizan por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, o bien por otros que sean universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables.

Sin embargo, quedan fuera de esa consideración las conductas que tienen naturaleza económica a pesar de que no sería difícil apreciar que algunas de ellas podrían entrar claramente en el tipo de las que habitualmente son consideradas como crímenes contra la humanidad. Como las políticas aplicadas tras la crisis económica de 2008, lo cual supuso que se empezase a hablar de crímenes económicos contra la humanidad.

El concepto no es nuevo, se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la crisis asiática.

Es claro que determinadas políticas económicas pueden ser consideradas crímenes contra la humanidad. ¿Cómo podría calificarse la hipotética conducta de un Gobierno que concede el servicio de agua a un monopolio que aprovecha para subir extraordinariamente los precios, provocando así la muerte de miles de personas por carencia de agua potable? ¿Cómo tipificar que un fondo de inversión manipule los precios de una determinada materia prima alimentaria, con el único fin de lograr ganancias con ello, y provocara una hambruna? ¿Cómo podría definirse una decisión gubernamental que privatizara servicios públicos sanitarios en un contexto de gran pérdida de poder adquisitivo y como consecuencia de ello empeorase la salud, o incluso perdieran la vida miles de personas?

Lourdes Benería y Carmen Sarasúa son conscientes de que estos casos, y otros parecidos se podrían poner sobre la mesa, son más difíciles de encajar en el concepto habitual de crímenes contra la humanidad que otros, que se manifiestan en torturas, ataques militares, persecuciones, deportaciones, porque determinar su naturaleza exacta y sus motivos o incluso la secuencia que provoca los daños es más complicado y menos explícito. Pero esa dificultad no justifica que se deje de lado su estudio y que se avance hacia una tipificación internacional de los crímenes de lesa humanidad, que se pueden estar cometiendo por razones de tipo económico.

Sin entrar en la problemática jurídica que eso puede comportar, simplemente señalan que determinadas conductas o políticas de naturaleza económica puedan ser consideradas como verdaderos crímenes de lesa humanidad. ¿Qué características tienen esas conductas o políticas de naturaleza económica que pueden ser consideradas como verdaderos crímenes de lesa humanidad? Son las siguientes: Son daños a grandes masas de población. Los daños que se producen se pueden conocer de antemano y a pesar de ello se llevan a cabo. Los daños forman parte de un balance de efectos muy asimétrico. Las conductas y políticas económicas que producen este tipo de daños son el resultado de presupuestos ideológicos. Se llevan a cabo con premeditación y con conciencia del daño que producen. Son conductas o decisiones de carácter político y no técnicas.

Las políticas descritas de naturaleza económica que acabo de enumerar en negrita, podemos constatarlas con claridad meridiana en los momentos actuales en esta España nuestra en el ámbito sanitario y de la vivienda. Dañan a grandes masas de población, saben que esos daños se producen y a pesar de ello los ejecutan; los efectos son asimétricos, unos, la gran mayoría, se perjudican, otros se benefician, unos pocos; son políticas ideológicas y políticas, realizadas con conciencia del daño a causar.

En la mayoría de las comunidades autónomas, pero especialmente en la de Madrid, sufren gravísimos problemas de atención sanitaria los ciudadanos, con las correspondientes secuelas de enfermedades, que pueden provocar incluso la muerte. Además, cabe mencionar las largas listas de espera en los hospitales y sus correspondientes manipulaciones.

El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera —empresa que gestiona el Hospital Universitario de Torrejón—, Pablo Gallart, dimitió en diciembre de 2025 tras filtrarse unos audios donde ordenaba rechazar pacientes y alargar las listas de espera para aumentar la rentabilidad de la compañía.

Médicos del Hospital Público Ramón y Cajal de Madrid han denunciado que dos jefes del centro habrían rebajado la gravedad de 57 pacientes que iban a ser operados con el fin de mejorar artificialmente la situación de las listas de espera.

La crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía comenzó el pasado mes de octubre, cuando se conocieron retrasos en las citas que iban desde meses hasta dos años. La Junta estimó que dichos retrasos afectaron a unas 2.000 mujeres. Algunas de ellas descubrieron posteriormente un estado avanzado de la enfermedad.

Pasemos al tema de la vivienda. Acabamos de contemplar sobrecogidos el desahucio de Mari Carmen en Madrid. Aquí hay culpables. Por acción o inacción. Mas, lo cierto es que muchos casos como el de Mari Carmen se están produciendo. Parece que el primer trimestre de 2026 se produjeron en torno a 4.000 desahucios.

Podemos imaginar el largo y profundo sufrimiento que supone para una familia, muchas veces con hijos pequeños expulsados de su casa por la policía con la orden de un juez. El daño físico y psicológico tiene que ser tremendo. Incluso se producen suicidios. Esos desahucios eran evitables con la aprobación de los dos decretos rechazados por las derechas. Si a partir de ahora ante la posibilidad de un desahucio se produce un suicidio, me pregunto: ¿habrá algún responsable? ¿Y los responsables podrán dormir tranquilos?

A este sufrimiento inhumano y sangrante de la sociedad española, incluso con pérdidas humanas, producido en el ámbito sanitario y en el de la vivienda, se podría aplicar con propiedad el delito de crímenes contra la humanidad, o el término necropolítica.

Tal concepto de necropolítica lo desarrolló el filósofo camerunés Achille Mbembe. Significa la política basada en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. Todas las vidas, para el neoliberalismo, son objeto de cálculo de los poderosos. Los que son rentables y los que consumen, esos tienen derecho a vivir si siguen ciertas leyes y tienen ciertas actitudes favorables a los poderosos. O por lo menos que no cuestionen sus políticas mortíferas.

Los que no, se les deja morir, los que no son atendidos por las largas listas de espera, o pueden sufrir gravísimas secuelas físicas y psicológicas al verse obligados a salir de tu vivienda, como Maricarmen.

De estas muertes y de estos sufrimientos hay responsables por lo que, tal como sugieren las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, se les podría inculpar en un futuro del delito de crímenes contra la humanidad, porque esas políticas producen daños gravísimos directos y también indirectos a grandes masas de población, que se conocen de antemano y a pesar de ello los ejecutan con premeditación y además para beneficio de una minoría.

Candido Marquesán. Profesor de Secundaria jubilado (Híjar)