El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Este año se ha celebrado pocas semanas después de que estallara el escándalo del programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía.

Una sucesión de negligencias, mala praxis, falta de seguimiento y el aderezo de la privatización de un servicio básico afectó a miles de mujeres andaluzas, según los datos de la AMAMA, dejándolas sin ningún tipo de diagnóstico durante muchos meses después de realizarse las mamografías.

La privatización del cribado de cáncer de mama en 2022 por el gobierno del PP de Moreno Bonilla ha sido el causante del colapso del sistema en Andalucía, tras fallar el protocolo instaurado tras la entrada de ASISA, la empresa privada encargada de gestionar el cribado y los diagnósticos de cáncer de mama.

El protocolo de actuación falló por completo, ya que, desde la privatización del sistema de cribado y captación de mujeres a estudiar, se rompió la cadena de comunicación entre los sanitarios especializados y las pacientes a través de las distintas vías del sistema público de salud.

Se pasó de un trato cercano e inmediato, donde los propios radiólogos y profesionales de los centros públicos de salud o de los distritos sanitarios localizaban e informaban directamente a las mujeres, a un trato más impersonal. Cuando se detectaba algo sospechoso en las mamografías, se enviaba un informe al distrito correspondiente, pasando a engrosar las ya de por sí abultadas listas de espera.

Nos llevan muchos años metiéndonos hasta en la sopa las bondades de la colaboración público-privada en sectores fundamentales como la sanidad (de esto sabemos mucho en el Bajo Aragón), educación, vivienda, los cuidados. Sin embargo, la realidad es muy tozuda y nos demuestra que estos sectores, que tienen un impacto tan trascendental en la vida de todas nuestras familias, deberían estar alejados de cualquier atisbo de especulación, lógica de mercado y negocio del sector privado, pasando a ser obligación de las administraciones públicas garantizarlos y blindarlos como derechos propios, ofertados con calidad y garantías.

Desgraciadamente, este escándalo ha sido un ejemplo claro de que la privatización de la sanidad mata. Esperemos que se depuren responsabilidades y no se quede únicamente con la dimisión de la consejera andaluza, Rocío Hernández, porque las decisiones políticas de recortes y empeoramiento de la sanidad pública repercuten directamente en nuestras vidas.

Daniel Palomo. IU - GANAR / Alcorisa