Estamos asistiendo a una vorágine de información, desinformación, de hechos superpuestos y de pensar, ver y respirar Cataluña a todas horas y mientras tanto el gobierno del Partido Popular continúa con su política de recortes, aprobando acuerdos controvertidos y echando para atrás medidas aprobadas en diferentes autonomías y todo esto sin que nadie se rasgue las vestiduras ni se envuelva en ningún bandera, si los afectados somos los de siempre no pasa nada, el sentimiento patriótico puede con todo.

El pasado 8 de septiembre de 2017 El Consejo de ministros aprobó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de la Ley aragonesa de acceso a la vivienda y prestaciones sociales; el gobierno dice que se invade competencias estatales y para ello invoca al artículo 161,2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de dichos preceptos. Ya en octubre de año pasado el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso del Gobierno Central contra el Decreto de Aragón que prevé medidas como la prohibición de embargo para prestaciones sociales, o la paralización de desahucios para personas vulnerables y ello motivó su suspensión cautelar. También sobre los procesos de ejecución hipotecaria, el Ejecutivo apunta a la infracción de las competencias exclusivas del Estado y ello sin que exista una base constitucional que lo ampare, es decir el Gobierno de Rajoy ni hace ni deja hacer en materia de vivienda social.

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional, fallando en contra de la Ley de Aguas y ríos de Argón es una decisión preocupante para Aragón porque estamos en la antesala del nuevo Plan Hidrológico donde el trasvase del Ebro puede ser el eje de las políticas de Rajoy. El origen de esta situación está en la decisión del Gobierno de Rajoy de recurrir ante el tribunal Constitucional leyes aragonesas, lo que demuestra su falta de respeto a la voluntad emanada de las Cortes de Aragón y a su Gobierno, se limitan competencias en derecho de gestión de agua y afecta directamente la reserva hídrica aprobada y contemplada en el Estatuto de Autonomía; esta sentencia nos tiene que poner mas alerta que nunca porque estamos en la antesala de la aprobación de un nuevo Plan Hidrológico y el trasvase del Ebro puede volver a ser la clave. Desde CHA nos opondremos a cualquier nuevo intento de trasvase del Ebro a otras cuencas como ya hemos hecho en esta legislatura ante las demandas de la Generalitat catalana y del Gobierno de Murcia, igualmente nos opondremos a continuar con la política de grandes obras hidráulicas como Yesa o Biscarrués.