MariCarmen ha fallecido de forma inesperada. Al conocer la noticia, este artículo, escrito con la esperanza de que pudiera regresar a su casa, ha cambiado de sentido. Queda el dolor de su pérdida y una pregunta que ya no podemos aplazar: ¿por qué tuvo que pasar por tanto sufrimiento para defender su hogar?

Hay cosas que en un pueblo cuesta imaginar. No porque el medio rural sea perfecto, ni porque en nuestros pueblos no existan problemas, conflictos o injusticias. Los hay, como en cualquier otro lugar. Pero en muchos de ellos todavía conservamos algo valioso: sabemos quién vive a nuestro lado.

Conocemos al vecino. Sabemos si está enfermo, si lleva varios días sin salir de casa, si necesita que alguien le acerque la compra o si simplemente necesita compañía. Quien tiene un pueblo tiene, de alguna manera, una gran familia. Incluso aunque no te lleves bien con tu vecino, cuando llega un momento verdaderamente difícil, lo normal es echar una mano.

Por eso, mientras seguía el caso de MariCarmen, pensaba en la importancia de tener cerca a personas que conozcan tu historia y se impliquen cuando necesitas ayuda. La movilización que despertó su caso demuestra que esa solidaridad también existe en las ciudades. Deberíamos cuidarla en todas partes.

MariCarmen tenía 87 años, problemas de movilidad y había vivido durante setenta años en la misma casa. Setenta años. Toda una vida. Y, sin embargo, hizo falta una enorme movilización social para defender algo tan humano como que pudiera vivir con tranquilidad en el lugar que consideraba su hogar.

Cuando escribí la primera versión de estas líneas, la posibilidad de su regreso permitía mirar su historia con esperanza. Hoy su fallecimiento obliga a detenernos. El alivio que recorría aquel texto ha dejado paso a la tristeza y a la necesidad de recordar todo lo que una persona vulnerable nunca debió tener que soportar.

Su fallecimiento no borra lo ocurrido ni las preguntas que su caso nos planteó. El sufrimiento que vivió para defender su hogar merece una reflexión que no termine con la noticia de su muerte. Deberíamos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible que necesitemos titulares, cámaras, protestas y presión social para recordar algo tan elemental como que detrás de una vivienda hay personas?

Porque una casa no es únicamente un activo inmobiliario. Una casa son recuerdos, fotografías, vecinos, rutinas, pérdidas, alegrías y una parte de nuestra propia identidad. Y aquí aparece una reflexión incómoda: no todo lo que es legal es necesariamente justo. Y, sobre todo, no todo lo que legalmente puede hacerse tiene por qué hacerse.

También las empresas deben tener límites.

Ganar dinero es legítimo. Buscar rentabilidad también. Pero una sociedad no puede funcionar si la rentabilidad económica se convierte en el único criterio para tomar decisiones. La ética empresarial consiste precisamente en eso: en saber que existen determinadas líneas que, aunque jurídicamente puedan cruzarse, quizá nunca deberían cruzarse.

El caso de MariCarmen ha puesto nuevamente sobre la mesa uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: la vivienda. Nuestra Constitución establece en su artículo 47 el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.

Sin embargo, durante demasiado tiempo hemos convertido la vivienda en una de las formas preferentes de inversión. Cuando alguien dispone de ahorros, compra un piso. Cuando una empresa busca rentabilidad, compra viviendas. Cuando un inversor busca seguridad, compra ladrillo. Y poco a poco hemos terminado convirtiendo hogares en productos financieros.

El resultado lo conocemos: precios que se alejan de los salarios, jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler y personas vulnerables que descubren que el lugar en el que han vivido durante décadas puede convertirse de repente en una operación económica.

El ladrillo no debería ser nuestro particular lingote de oro.

Hay miles de ámbitos en los que invertir, innovar y generar riqueza. La vivienda, en cambio, cumple una función social demasiado importante como para tratarla exclusivamente como una mercancía. Y mientras discutimos sobre todo esto, el mundo rural sigue conservando una riqueza difícil de contabilizar en una cuenta de resultados.

La comunidad.

Los cuidados.

La proximidad.

La certeza de que alguien preguntará por ti si un día no apareces. Eso no significa idealizar nuestros pueblos. También tenemos problemas importantes de vivienda: escasa oferta de alquiler, casas cerradas durante décadas, inmuebles abandonados, precios desproporcionados en determinados lugares y dificultades enormes para rehabilitar viviendas antiguas.

Pero todavía conservamos algo que no deberíamos perder jamás: una red invisible de cuidados.

Personas que cuidan de personas.

Vecinos que siguen siendo vecinos.

Comunidades en las que el anonimato todavía no ha ganado completamente la batalla.

La muerte de MariCarmen da una tristeza nueva a esta reflexión sobre la vivienda y sobre el modelo de sociedad que queremos construir. Recordarla exige también pensar en quienes hoy siguen viviendo con miedo a perder su casa y en cómo protegerlos a tiempo.

Porque progresar no puede significar únicamente crecer, invertir o ganar más.

Progresar también debería significar cuidar mejor.

Y en eso, quizá, nuestros pueblos todavía tengan mucho que enseñar. Esa cercanía merece conservarse y extenderse, para que cuidar de alguien no dependa de que su historia llegue a los titulares. MariCarmen ya no está. Que su historia no quede reducida a un desahucio ni su muerte a una noticia más. Detrás de aquella puerta había una vida. Recordarla debería comprometernos a cuidar mejor de quienes siguen aquí.

Alberto Alfonso