Han pasado ya más de dos años desde que comenzó este mandato, y el balance es evidente. Allí donde gobierna la derecha se repite el mismo patrón: reducir lo público, recortar recursos y abrir la puerta a la privatización de los servicios esenciales. Lo hemos visto en Aragón y también en Alcañiz, donde los servicios públicos dejan de ser una prioridad y se convierten en una oportunidad de negocio para unos pocos.

En Aragón se ha optado por una estrategia silenciosa pero efectiva: dejar que la sanidad pública se deteriore poco a poco, reducir recursos y después justificar la «colaboración público-privada», ese eufemismo que en realidad significa transferir dinero público a empresas y fondos de inversión que hacen negocio con la salud. El resultado es evidente: menos medios, más listas de espera y una atención más desigual. El transporte sanitario urgente es otro ejemplo del fracaso del modelo privatizador. La empresa concesionaria se embolsa unos 600.000 euros al mes que deberían destinarse a salarios, mientras la huelga se prolonga y el Gobierno del PP mira hacia otro lado. También en educación se repite la misma lógica: se han suprimido las aulas de tarde del plan Corresponsables, pese a que la DGA dispone de fondos para mantenerlas. En definitiva, se recortan derechos y se abre la puerta a que lo público acabe en manos privadas.

En Alcañiz la situación no es muy diferente. Los servicios esenciales siguen en manos privadas. El agua, un bien básico y un derecho fundamental, continuará privatizada pese a que la gestión pública ha demostrado ser más eficiente y más justa. El transporte urbano, que podría impulsar la movilidad sostenible y la cohesión social, corre el riesgo de seguir el mismo camino. También en política fiscal el Ayuntamiento deja claras sus prioridades: las ordenanzas benefician a las grandes empresas, bonificando hasta un 95% el ICIO, mientras suben todas las tasas, incluidas las de los servicios esenciales. Así, se aligera la carga a quienes más tienen y se traslada el peso a la ciudadanía, que paga más por unos servicios cada vez menos públicos.

El balance es claro: menos derechos, más negocio. Frente a este modelo que pone el beneficio por encima del bienestar colectivo, conviene recordar que lo público no es un obstáculo, sino la garantía de igualdad y justicia social. Defender los servicios públicos es defender el derecho a vivir con dignidad, sin que la salud, la educación o el agua dependan del tamaño de la cartera.

María Milián. IU-GANAR / Alcañiz