La semana pasada conocíamos que Gobierno de Aragón iba a comenzar los trámites de derogación de la ley Aragonesa de Memoria Democrática, concretamente, lanzando el proceso un 20 de noviembre.

Si no tuviéramos memoria no nos acordaríamos de que el 20N se cumplen 48 años de la muerte del dictador genocida Franco. Podríamos llegar a pensar que la elección es fruto de la casualidad, pero ciertamente, como tenemos memoria, creemos que la elección de la fecha está hecha adrede, como un guiño al recuerdo al dictador genocida, un claro desprecio a las familias de las víctimas, y pago a la parte franquista del ejecutivo del Jorge Azcón.

Hasta principios de 2019 no entro en vigor la primera ley aragonesa de Memoria Democrática, casi 44 años después del fin de la dictadura, y sin el respaldo en ese momento de PP y PAR. En este tiempo poco desarrollo y recorrido ha podido tener, pero algo se empezaba a avanzar.

Uno de los primeros actos de reparación y memoria fue el homenaje llevado a cabo en la Plaza 3 de Marzo de Alcañiz, en el monumento en recuerdo al Bombardeo de la capital bajoaragonesa.

La realización de estos actos y gestos sencillos nacen de la necesidad democrática de poder mirar de frente al pasado, reconocer el sacrificio y dar la dignidad pública a quienes lucharon por la democracia, y reparar en lo posible los perjuicios a quienes padecieron la persecución del franquismo.

Una reparación que parece lejana si atendemos a parte de la gente que se ha manifestado estos días atrás en contra de la conformación del nuevo gobierno, la amnistía (que corta es la memoria) y denunciando la «dictadura» actual. Hemos podido ver como la ultraderecha y el fascismo asoman la patita cuando el escenario posterior a las elecciones no arroja el resultado esperado.

Y en esa sintonía está la cuestión de derogar esta ley, en darle cachan en los gobiernos autonómicos a la ultraderecha, que pretenden borrar el derecho a saber sobre lo que paso a las miles de víctimas del franquismo. En ignorarlas y abandonarlas en campos y cunetas, en negar el exilio de nuestros familiares y compatriotas, en tapar las torturas y los asesinatos, los expolios, las purgas, los bebés robados y la vulneración de los derechos humanos a lo largo de toda la dictadura.

La derogación de la ley no evitará que sigamos reclamando nuestra memoria colectiva. Por eso seguiremos exigiendo Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.

Daniel Palomo. IU - Ganar / Alcorisa