PP y Vox rechazaron la semana pasada en las Cortes de Aragón la toma en consideración del Estatuto de las Mujeres Rurales, una proposición de ley que el PSOE presentaba como la herramienta para que las mujeres del campo elijan cómo quieren vivir y que respaldaba el resto de la oposición. El desenlace parecía escrito antes de empezar. Unos hablaron de igualdad y de territorio, otros de imposición ideológica y la ley volvió al cajón.

María Ariño, diputada y alcaldesa de Mas de las Matas, recordó que durante generaciones el titular era otro, el que cotizaba era otro, el propietario era otro y el que decidía era siempre otro. Quien conozca un pueblo de Teruel sabe que no exagera una coma. Las mujeres sostuvieron casas, rebaños y contabilidades enteras que en los papeles figuraban como simple ayuda conyugal. Esa deuda histórica merecía un debate en serio y negarse a tramitar el texto, aunque fuera para enmendarlo a fondo, dice bastante de quien prefiere no mirar el problema de cerca.

Los grupos que respaldaban la norma vincularon la igualdad a la lucha contra la despoblación y en eso llevan razón, porque quien no encuentra empleo ni reconocimiento difícilmente encuentra motivos para quedarse. Pero una ley puede proclamar un derecho sin crear las condiciones materiales para ejercerlo. Una mujer decide quedarse cuando la explotación es rentable, cuando hay un médico a distancia razonable, una escuela abierta, cuidados para los mayores y un transporte que no dependa del calendario festivo. El articulado ayuda, pero el papel no suple a los servicios y la política suele refugiarse en lo primero porque es lo único que cabe cómodamente en una nota de prensa.

La cuota del 40 % en los órganos de dirección de organizaciones agrarias, cooperativas y asociaciones, vinculada a la continuidad de determinadas ayudas públicas, merece un análisis más detenido. Nadie sensato niega que las mujeres sigan infrarrepresentadas donde se corta el bacalao. La cuestión es si imponer ese porcentaje corrige la desigualdad de raíz o añade una obligación burocrática sin resolver problemas como la titularidad de las explotaciones, el relevo generacional o las cotizaciones. La titularidad compartida, regulada desde 2011 para reconocer el trabajo de ambos miembros de una pareja al frente de una explotación, sigue teniendo una implantación muy limitada en Aragón. En 2025, solo 32 explotaciones podían optar a las ayudas estatales destinadas a esta figura. El dato no agota el diagnóstico, aunque sí invita a preguntarse por qué una herramienta concebida para reconocer ese trabajo sigue teniendo un alcance tan reducido.

Y aquí asoma lo menos cómodo para quienes impulsaron la iniciativa. El Gobierno de Javier Lambán aprobó el proyecto de este Estatuto a finales de marzo de 2023 cuando faltaban unos dos meses para las elecciones autonómicas. El texto ya incluía ese mismo 40 % para las entidades agrarias, aunque no llegó a las Cortes. Según se explicaba entonces, se aprobaba para que el siguiente Ejecutivo lo sacara adelante si tenía voluntad. Cuesta no ver en ese calendario más gesto electoral que propósito de legislar, un proyecto que se aprueba con la legislatura agotada se parece mucho a un cartel. Ahora PP y Vox han rechazado una nueva iniciativa para impulsarlo; hay responsabilidades de distinto peso, pero tampoco cabe borrar la primera mitad de la historia. El PSOE puede afear a sus adversarios el portazo al debate y debería explicar también por qué el proyecto de su Gobierno quedó a las puertas de las Cortes. Dice María Ariño que durante generaciones decidía otro. En la primavera de 2023, su partido llegó tarde y dejó el Estatuto esperando.

La igualdad real no se mide por la retórica que promete libertad, sino por las opciones que tiene una mujer para quedarse en su pueblo, vivir dignamente de su trabajo y decidir su propio rumbo. Mientras tanto, las mujeres rurales siguen esperando que las herramientas anunciadas en los discursos sirvan para algo en su vida cotidiana.

Jorge Herrero. Papel y pixel