La instalación de plantas de biometano en territorio aragonés, el impacto de su producción y los empleos ligados a las mismas es desde hace tiempo objeto de debate entre instituciones, políticos e incluso la propia sociedad. Y en ese camino, el Bajo Aragón Histórico no pasa desapercibido. Múltiples empresas han mostrado su interés por desarrollar diferentes proyectos en el territorio. De hecho, tanto es así que la comarca del Bajo Aragón-Caspe ya concentra el mayor número de plantas proyectadas por municipio en toda Aragón.
Los inversores lo definen como «un punto atractivo» por la tradición ganadera y agricultura ligada a nuestros pueblos, y por ello también se plantean proyectos en otros municipios como Alcañiz, Calanda o La Puebla de Híjar. Eso sí, hasta la fecha ninguno de ellos ha avanzado más allá de los trámites de exposición pública previa, aunque unidos a unos números e inversiones que ya sorprenden. Concretamente, se estima que las plantas previstas en territorio bajoaragonés movilizarían una inversión de casi 200 millones de euros, la mayor parte de ella —unos 113 millones— solo para el territorio caspolino. El número de empleos, en cambio, es dispar y varía según el tamaño de las plantas, con proyectos con 14 empleos directos y otros con 50.
Y ante estos números, surgen varias reflexiones. La producción de las plantas de biometano puede lograr, por una parte, darle una salida al problema de los purines, además de la creación de empleo en el medio rural. Sin embargo, urge ordenar la llegada de dichos proyectos y, sobre todo, acelerar la legislación para que su instalación se realice con garantías medioambientales.
En ese sentido, una de las consecuencias que despiertan mayor preocupación es la que se puede generar en las carreteras. El transporte incremental de estos purines y residuos sólidos de territorios ganaderos hacia las zonas de tratamiento y plantas de biometanización aumentará el tráfico rodado, produciendo un desgaste en el viario actual, tanto de índole autonómica como provincial, local o comarcal. Urge que las administraciones estudien cada proyecto y su área de instalación, delimitar los flujos de tránsito y dotar de recursos para el mantenimiento de estas infraestructuras. Ninguna gran inversión debería conllevar a un estropicio en nuestro medio rural.
Editorial


De acuerdo, pero ojo con mucho «ordenar» porque en este país ya tenemos demasiadas leyes que solo son barreras de mercado para el que tiene iniciativas y facilidades para el desarrollo de oligopolios, que solo suelen favorecer a los territorios que ya lo tienen todo.