La sanidad y la educación son dos de los pilares que sostienen nuestra sociedad. No son un lujo ni un producto de consumo: son derechos básicos que garantizan igualdad de oportunidades y dignidad. Cuando se convierten en un negocio, cuando su objetivo deja de ser el bienestar de la mayoría y pasa a ser el beneficio de unos pocos, algo se rompe en el contrato social.

En sanidad, las consecuencias de esta deriva son visibles y dolorosas. Las listas de espera se alargan hasta límites inaceptables, obligando a muchos pacientes a esperar meses para una prueba diagnóstica o una intervención que condiciona su calidad de vida. Al mismo tiempo, se normaliza la derivación a la sanidad privada, donde quien puede pagar accede antes y mejor, mientras quien no puede se resigna a la espera. Se genera así una frontera silenciosa entre ciudadanos de primera y de segunda según su capacidad económica.

Este deterioro no es una casualidad, sino el resultado de una combinación de recortes, falta de planificación y precarización laboral. Faltan médicos especialistas, faltan profesionales de enfermería, faltan manos y tiempo. Muchos médicos se ven obligados a atender a decenas de pacientes en una sola mañana, sin margen para escuchar, explicar ni acompañar. Esa presión expulsa talento, quema vocaciones y alimenta el círculo vicioso: cuantos menos profesionales, más sobrecarga; cuanta más sobrecarga, más abandonan el sistema público.

En educación ocurre algo muy parecido, aunque a veces se vea con menos dramatismo porque sus efectos son más lentos, pero igual de profundos. La falta de auxiliares y personal de apoyo deja a muchos centros sin recursos para atender adecuadamente a alumnado con necesidades diversas. Los docentes asumen funciones para las que no siempre tienen tiempo ni medios, sacrificando atención individualizada, tutorías o proyectos educativos de calidad. Se habla de innovación, pero se recorta en lo más básico: personas en las aulas.

La situación en los pueblos y zonas rurales es aún más delicada. Allí, los ratios deberían ser más bajos, no solo por el número de alumnos, sino por la diversidad de edades, contextos y necesidades que conviven en un mismo aula. Defender ratios reducidos en estos entornos no es un capricho, es una condición mínima para garantizar que vivir en un pueblo no implique una educación de peor calidad.

Quien defiende la sanidad y la educación públicas no lucha contra la libertad, sino precisamente a favor de la única libertad que tiene sentido: la de saber que, enfermes o no, nazcas donde nazcas y tengas el dinero que tengas, vas a ser atendido y educado con dignidad. Esa es la riqueza de un país que merece la pena.

Eduardo Alcutén. CHA / Montalbán