El pasado domingo las asociaciones y colectivos que apuestan por el desarrollo de otro modelo energético volvieron a salir a la calle para solicitar una planificación de la implantación de las energías renovables en Aragón.

En múltiples ocasiones se ha solicitado al Gobierno de Aragón una adecuada ordenación del territorio para la implantación de las energías renovables, y una moratoria a estas instalaciones, qué a día de hoy, se implantan sin ningún tipo de regulación ni ordenación por todo el territorio aragonés, dejando indefensos a los municipios y comarcas ante las grandes empresas energéticas.

La implantación descontrolada de renovables responde a un modelo abusivo y masificado. Por eso se exige un cambio a las políticas en materia del despliegue de renovables. Queremos energías renovables distribuidas, minimizando la afección al territorio, con planificación ambiental y sobre todo que eviten la especulación. Justo estamos en el camino opuesto a lo que se solicita.

Con el paso de los años y situando el conjunto de proyectos que hay encima de la mesa, la transformación que puede sufrir nuestros pueblos, si no se ataja este delirio, será crítica. Cuando la ola pase, ¿Reconoceremos nuestras propias Comarcas?

El efecto acumulativo será espectacular. Al proyecto del Nudo Mudéjar, que ya está en información pública, se suman los que quiere desarrollar Forestalia y otras empresas, los que empiezan a estar en funcionamiento, y el más reciente, el denominado proyecto Catalina, con pretensiones de dejar pequeño al proyecto del Nudo Mudéjar.

En este debate no se trata de renovables sí o no, sino del modelo productivo. Si realmente queremos apostar por un modelo distribuido, de autoconsumo y comunidades energéticas, que beneficien en primer lugar a la ciudadanía, que se gestione desde el territorio y no por fondos internacionales. Y en el que se genere energía para satisfacer la necesidad, no para favorecer la especulación.

Ante el dejar hacer de la administración autonómica, la anterior y la actual, la respuesta social tiene que seguir visualizándose.

Ejemplos como el de Ejea, donde tras ver que la DGA no ponía herramientas para ayudar y proteger a su municipio ante las amenazas de estos grandes megaproyectos, y ante la necesidad de regular su implantación, han llegado a modificar parcialmente su planeamiento urbanístico para poner coto a esta invasión de proyectos mientras no llega la tan necesaria Ordenación Territorial. Tomemos nota.

Daniel Palomo. GANAR / Alcorisa