Está visto que sustraer gallinas, corderos, hortalizas, almendras u olivas ya no está tan de moda entre los «amigos de lo ajeno». Ni siquiera el cotizado aceite de nuestras cooperativas o la costosa maquinaria que albergan las naves, granjas o garajes de nuestros pueblos parece seducir como antes a los facinerosos que amenazan nuestra seguridad y la tranquila vida de las pequeñas localidades que aparecen diseminadas por el mapa del territorio bajoaragonés.

Qué más quisiéramos todos que esa clase de fechorías, robos y amenazas quedasen erradicadas para siempre, una quimera claro, pero no cabe duda de que, últimamente, han perdido notoriedad social respecto a otro tipo de hurtos y conductas delictivas que se han extendido progresivamente, durante los últimos años, por una buena parte de nuestro territorio, favorecidos por la baja densidad de población que afecta a nuestras comarcas y el descenso del número de efectivos de la Guardia Civil presentes en el medio rural, a pesar de los esfuerzos y recientes éxitos policiales de la Benemérita relacionados con este tipo de delitos.

Pese a que el sector primario sigue siendo uno de los motores de desarrollo más importantes de la Tierra Baja, una parte significativa de las parcelas agrícolas, habitualmente las más marginales, está sin cultivar. Muchas de ellas se encuentran prácticamente abandonadas, alejadas de cualquier lugar habitado y muy cercanas a las cabeceras de los cursos fluviales, entremezcladas, en muchos casos, con zonas boscosas y pinares que dificultan el acceso a las mismas y cuya vegetación favorece que permanezcan ocultas y sean difícilmente localizables. La situación descrita constituye el caldo de cultivo ideal para la llegada de siniestras mafias que se dedican al tráfico de drogas, las cuales han desembarcado en varios de nuestros términos municipales ocupando clandestinamente algunas de esas fincas rústicas abandonadas para el cultivo de la marihuana con fines totalmente ilícitos, llegando incluso a desviar captaciones públicas de agua para el riego y mantenimiento de dichas plantas.

La despoblación, siempre asociada a la existencia de amplias extensiones de terreno con escasa presencia humana, también es una de las causas, aunque no la única, que ha favorecido la llegada de grupos delictivos que se dedican al robo del cable de cobre, que suelen obtener tras cortar las líneas de telefonía que transcurren paralelas a carreteras poco transitadas. El paulatino despliegue de las nuevas tecnologías y las redes de comunicación digital, que permiten dotar de cobertura a los teléfonos móviles y la conexión a internet, ha hecho que las antiguas líneas de teléfono fijo que atravesaban nuestro territorio se vayan quedando obsoletas y sean un blanco fácil para aquellos que se dedican a perpetrar este tipo de robos, cuyo delito ya fue incorporado por el Código Penal en una nueva redacción aprobada en 2015, calificándolo como hurto agravado y determinando una pena de prisión de uno a tres años cuando se tratase de conducciones, cableado, equipos o componentes de los servicios de telecomunicaciones y se causase un quebranto significativo a los mismos.

Otro grave peligro de estas acciones no se queda en el propio hurto, ya que el cable suele ser robado de noche y posteriormente se traslada a zonas rusticas cercanas, poco frecuentadas, donde se enciende una hoguera para separar el plástico del cobre, con el consiguiente riesgo de que dicho fuego acabe convirtiéndose en un incendio forestal.

No estaría de más que todos esos miles de kilómetros de cable de telefonía fija que van perdiendo progresivamente su funcionalidad se fuesen retirando. No solo se impediría su sustracción, permitiendo que el valioso cobre recuperado tuviese una segunda vida, sino que evitaríamos comportamientos que podrían tener unas consecuencias funestas para nuestro medio ambiente.

Alberto Bayod. Historiador