La seguridad es un puntal imprescindible para una convivencia ciudadana digna. En las comarcas de Teruel, sin embargo, esa premisa básica se ha convertido en un lujo cada vez más difícil de garantizar. La falta de guardias civiles y el cierre o la drástica reducción de horarios en muchos cuarteles rurales ha dejado a buena parte del territorio en una situación de vulnerabilidad que ningún discurso institucional puede maquillar.

En un territorio extenso como el nuestro, envejecido y fuertemente despoblado, los cuarteles de la Guardia Civil son mucho más que un edificio con un cartel en la fachada. Son un símbolo de presencia del Estado, un punto de apoyo frente a la soledad de los mayores, un recurso inmediato en caso de emergencia, un disuasor para quien piensa que en «tierra de nadie» todo vale.

Cuando esos cuarteles cierran, o solo abren unas horas al día, el mensaje que reciben los vecinos es demoledor: aquí la seguridad es secundaria. Los más de treinta cuarteles repartidos en nuestras comarcas no pueden abrir las 24 horas del día porque simplemente faltan agentes. Muchos han reducido su actividad al mínimo y otros han echado el cierre de forma silenciosa.

Lo que antes era una referencia cercana se ha convertido en una puerta cerrada y un cartel con un número de teléfono. Llamar, esperar, confiar en que la patrulla llegue desde decenas de kilómetros de distancia… mientras tanto, la sensación de indefensión crece.

Esta falta de seguridad no se mide solo en estadísticas de delitos, sino en la tranquilidad con la que se cierran las puertas por la noche, en la confianza para dejar el coche en la calle o en la calma de quien sabe que, si pasa algo, alguien responderá rápido. Cuando esa confianza se rompe, se deteriora también el vínculo con el territorio.

¿Quién va a querer quedarse, emprender o formar una familia en un lugar donde ni siquiera se garantiza una presencia mínima de fuerzas de seguridad? Nuestros pueblos llevan años sufriendo el abandono en infraestructuras, sanidad o transporte. Que ahora también se resienta la seguridad añade una capa más de injusticia.

Exigir que se cubran las vacantes de la Guardia Civil y se mantengan abiertos los cuarteles no es un capricho corporativista, sino una cuestión de igualdad y dignidad. La ciudadanía rural tiene el mismo derecho a vivir segura que quien reside en una gran ciudad. Negárselo es, sencillamente, condenarnos a seguir siendo un territorio de segunda.

Eduardo Alcutén. CHA / Montalbán