La declaración como preferentes de los próximos proyectos del Nudo Mudéjar de Andorra no puede leerse como un simple trámite administrativo. Es, en realidad, una prueba de credibilidad para la Transición Justa. En 2022 se adjudicaron 1.202 MW de capacidad de acceso a Enel Green Power, con una inversión superior a 1.500 millones de euros y compromisos de 4.400 empleos en construcción y 650 a largo plazo, entre operación y proyectos asociados. Aquella promesa fue presentada como compensación al cierre de la central térmica de Andorra.
Cuatro años después, el proyecto llega muy recortado. La potencia instalada autorizada queda en 406 MW, repartidos entre tres plantas solares y una eólica, mientras quedan 937 MW disponibles para reasignar. La diferencia no es menor, es el corazón económico del proyecto. El Ministerio pretende ahora modificar la regulación para que esa potencia no quede paralizada y pueda asignarse con urgencia a otros promotores, tal y como ha anunciado este lunes.
El territorio tiene derecho a exigir rapidez, pero también precisión. La Declaración de Impacto Ambiental recortó alrededor de 1.014 MW sobre los 1.844 MW iniciales, eliminó 104 de los 156 aerogeneradores previstos y redujo 1.496 hectáreas solares de las 3.096 planteadas. La protección ambiental era necesaria, pero sus consecuencias industriales y laborales no pueden esconderse bajo un lenguaje técnico.
Andorra necesita un calendario público, proyectos viables y empleo medible. Si la urgencia sirve para recuperar los 937 MW y atraer industria real, bienvenida sea. Pero si solo acelera expedientes sin asegurar puestos de trabajo, formación y arraigo, la Transición Justa volverá a fallar en lo esencial, es decir, que la energía que sale de esta tierra deje futuro en esta tierra.
Editorial.
